Recursos Humanos Digital. En el día de ayer se reunió una delegación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras encabezada por su secretario general, Enrique Fossoul, con la nueva directora general de Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés. RRHH
En el transcurso de la reunión, FSC-CCOO solicitó a la directora general la apertura urgente de un ámbito negociador específico para garantizar el mantenimiento del empleo público en las distintas administraciones, manifestando su especial preocupación por el empleo en las administraciones locales, tras la aprobación de una reforma laboral sobre la que el sindicato manifestó su absoluta discrepancia.
CCOO explicó cómo la desaparición de los controles administrativos para los expedientes de regulación de empleo, junto con la admisión de causas de despido objetivas en las administraciones públicas sin poder recurrir a la reducción de jornada o suspensión temporal, como en el ámbito privado, y no dejando más solución que la extinción de la relación laboral, pone en peligro cientos de miles de puestos de trabajos en administraciones deficitarias como las comunidades autónomas o los ayuntamientos y diputaciones que, además de no estar suficientemente financiadas, asumen competencias impropias.
Para CCOO, el mantenimiento del empleo ha de estar garantizado de forma global, entendiendo que hay administraciones que precisan incorporar o mantener personal para la prestación de los servicios públicos, en tanto que otras puedan ser excedentarias. Igualmente reclama que se genere el marco legal adecuado para facilitar y garantizar la movilidad de las personas formadas al servicio de los ciudadanos entre las distintas administraciones en función de sus circunstancias.
La petición tuvo una buena recepción por parte de la directora, quien solicitó al sindicato la remisión de propuestas. CCOO se comprometió a ello, adelantando que en las propuestas incluirán otras materias pendientes como la implementación del Estatuto Básico del Empleado Público, desarrollando los criterios básicos sobre carrera profesional y evaluación del desempeño, o la recuperación de los aspectos económicos suspendidos del Acuerdo para el Diálogo Social 2010-2012 y la recuperación salarial para los empleados y empleadas públicas que han perdido en los últimos años más del 10% de su poder adquisitivo.
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