Recursos Humanos Digital. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Gobierno no se plantea crear un contrato único porque sería «inconstitucional» ni tampoco incluir los ‘mini-jobs’ en la reforma laboral, pero va a trabajar para dar un mayor uso al contrato estable a tiempo parcial con una remuneración «razonable» para fomentar la contratación de los jóvenes.
Tras haber realizado una exposición muy somera de la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, tal y como le han criticado los grupos parlamentarios, Báñez ha dicho que el Gobierno partirá de «figuras contractuales» que ya existen pero que «no funcionan» antes de introducir cambios en la legislación sobre contratos.
Así pues, ha señalado que «no va a haber un contrato único en la reforma laboral porque es inconstitucional», ya que en España el despido es causal y porque también lo impiden los compromisos de España con la normativa y la carta de los derechos fundamentales de la UE, así como con lo que dicta la Organización Internacional del trabajo (OIT).
Más aún, la ministra de Empleo ha dejado claro que este contrato, una de las reclamaciones de la CEOE, «permite arbitrariedad del empleador».
Asimismo, se ha opuesto a que, en línea con los ‘mini-jobs’, un joven pueda trabajar a jornada completa por 400 euros, porque en esas condiciones no se puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional, situado en 641 euros al mes.
Si bien, se ha mostrado a favor de que los jóvenes tengan «contratos de varias horas de forma estable con sueldos razonables». «Por eso vamos a trabajar en el contrato estable a tiempo parcial. Tenemos figuras que no funcionan y no vamos a cambiar la legislación para hacer más precarios los contratos de los jóvenes», ha añadido.
Preguntada por el contrato de formación y aprendizaje que creó el anterior Gobierno, Báñez ha señalado «faltan más de 200 certificaciones para implementarlo» y que su gabinete se encuentra en contacto con las comunidades autónomas y los agentes sociales para cubrir esas «lagunas» y poder implementarlo. «Estamos en ello», ha dicho.
Antes de cerrar este capítulo, Báñez ha certificado el «compromiso» del Gobierno con los desempleados en busca de un empleo, y ha puesto como ejemplo la nueva prórroga de la ayuda 400 euros para parados que hayan agotado sus prestaciones e ingresos, a lo que ha añadido que «el Gobierno no va a recortar las prestaciones por desempleo», como ya anunció esta semana la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.
NO DESVELA LA REFORMA Y CONFÍA EN QUE NO HAYA HUELGA
Más allá de este tipo de consideraciones, el primer paso de la ministra de Empleo por la Cámara Baja, en el que se esperaba que diera más detalles sobre la reforma laboral, ha dejado insatisfechos a los portavoces de los grupos.
Báñez ha justificado la falta de concreción por el «respeto institucional» al Congreso y a las instituciones, y ha dicho que se darán a conocer los detalles de la reforma «cuando sea aprobada en el Consejo de Ministros».
Por el momento, se ha limitado a ratificar que las orientaciones expresadas durante la comparecencia se remiten al programa electoral del PP, que ha equiparado con todo un «programa de Gobierno». En esta misma línea, Báñez ha dicho que el Gobierno «tendrá en cuenta» los acuerdos alcanzados por patronal y sindicatos, pero ha añadido que «la obligación del Gobierno es presentar una reforma completa».
Respecto a los temores del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que los sindicatos convoquen una huelga general tras conocer la reforma, Báñez ha hecho una llamada: «Confío y apelo a la responsabilidad de los agentes sociales para que no haya escenarios de conflicto en el corto plazo cuando se presente esta reforma laboral», ha añadido.
LA OPOSICIÓN PIDE MÁS CONCRECIÓN
Por su parte, la oposición se ha quejado de forma generalizada de la falta de concreción de la ministra en los detalles sobre la reforma laboral, y también ha reprochado que el Gobierno vaya a legislar sobre esta materia mediante un real decreto ley y no concertando con los grupos políticos y los agentes sociales.
Así, el portavoz socialista en materia de Empleo, Jesús Caldera, ha considerado la intervención de la ministra «decepcionante» y le ha pedido «políticas de estímulo» que acompañen a los ajustes fiscales, ya que «o hay crecimiento de la economía o no hay empleo».
A renglón seguido, ha pedido a la ministra que «no apueste por los salarios reducidos», en alusión a la posibilidad de introducir la modalidad de los llamados ‘mini-jobs’.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha pedido a Báñez «una reforma global» que ponga las bases de una mercado laboral «más sano, más competitivo y más justo para los trabajadores». A corto plazo, Campuzano ha pedido un plan de choque para aumentar la ocupación, ya que la reforma laboral que prepara el Gobierno «no será la varita mágica» para crear empleo este año.
Asimismo, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado por los agentes sociales sobre negociación colectiva que, en su opinión, indica que el diálogo social «tiene su utilidad y su sentido», pero ha alertado del «riesgo de fractura social» que vive España y que demanda que la agenda reformista «no se demore más».
EVITAR LA DESREGULACIÓN EN EL MERCADO LABORAL
Por parte del PNV, Emilio Olabarría ha pedido a Báñez que, ya que los gobiernos anteriores le han hecho «el trabajo sucio» al aprobar reformas «conservadoras», evite ahora «la descausalización de la contratación y del despido, la desregulación y la generalización del recurso al despido más barato».
Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha espetado a Báñez que es un «error de diagnóstico», si no «una opción», pensar que el mercado de trabajo es el factor «determinante» del paro, al tiempo que le ha acusado de poner la reforma laboral «al servicio de los oportunistas» de la crisis, en una velada alusión a los empresarios.
En nombre del Grupo Mixto, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha ironizado sobre las razones por las que «algunos auguran» conflictividad social ante una reforma laboral «tan bondadosa» como la que ha descrito Báñez en su intervención.
También por el Grupo Mixto, el portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra, ha indicado que «todas las medidas (de la reforma laboral) huelen a atentar contra los derechos de los trabajadores».
CONSECUENCIAS SOCIALES
La portavoz de UPyD, Irene Lozano, se ha centrado en las consecuencias sociales de la crisis y el paro (más desigualdad, pobreza, mayores posibilidades de conflicto social, «erosión de la clase media», menor crecimiento económico…) y ha propuesto «reformar la cobertura de la Renta Activa de Inserción», no ahorrar de la partida de gasto en desempleo, un «contrato único» y eliminar la «cadena perpetua» que supone la posibilidad de «encadenar indefinidamente contratos temporales».
Por último, la diputada ‘popular’ Carmen Álvarez-Arenas ha replicado al resto de portavoces alegando que la comparecencia de la ministra buscaba sólo dar «detalles generales» del Ministerio para esta legislatura. «Parece que estamos en el fragor de mitad de legislatura», ha ironizado.
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