Recursos Humanos Digital. Las empresas españolas que quebraron en España sin declarase en concurso de acreedores en 2011 sumaron un total de 22.778 sociedades, lo que supone un 3,9% menos respecto a 2010, según un informa Detectys, corporación especializada en investigación económica para empresas, entidades financieras, bufetes y aseguradoras.
Además, esta cifra supone una caída del 9,8% respecto a 2009, año en el que se alcanzó el récord del cierre de 25.000 empresas sin pasar por el proceso concursal, que gestionan los Juzgados de lo Mercantil.
Por comunidades, las que más aumentaron las quiebras sin concurso en 2011 fueron Baleares (+37,1%), Extremadura (+26,1%) y Galicia (+21%), mientras que el mayor descenso protagonizaron Murcia (-49,5%), el País Vasco (-24%) y Canarias (-16,3%).
Por provincias, se dispararon las quiebras en Valladolid (+83,5%), Teruel y Soria (+60%) o Almería (+59%), mientras que en otras provincias descendieron, como en los casos de Guipúzcoa (-50,5%), Córdoba (-45,7%) o Burgos (-40,7%).
En España, la cifra de empresas que quiebran sin declarar concurso siempre es mayor a las que sí lo han hecho. Las 22.778 quiebras sin concurso de 2011 multiplican por tres el número de concursos declarados en 2011 (7.096) y las 23.702 quiebras sin concurso de 2010 suponen cuatro veces más que los concursos declarados ese año, 5.871.
En la mayor parte de las ocasiones las firmas que quiebran sin declararse en concurso lo hacen así por no tener la liquidez suficiente para afrontar los gastos que supone hacerlo (servicios jurídicos y remanente para pagos a los administradores judiciales).
Estas quiebras, que no son recogidas por las estadísticas oficiales, vienen dadas o por declaraciones de insolvencia tras la denuncia de los trabajadores en un Juzgado de lo Social para poder cobrar del Fondo de Garantía Salarial, o por declaraciones de créditos incobrables por parte de las administraciones (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos, etc).
Por lo tanto, estos datos reflejan con más exactitud la realidad, ya que en muchas ocasiones los negocios sin asalariados (representan más del 50% del entramado empresarial español) cesan en su actividad sin que esa quiebra quede demostrada en ningún documento público.
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