RRHH Digital. El consejero de Empleo, Manuel Recio, anunció que su departamento ha reclamado a las aseguradoras con las que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados a cuenta de la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas, una «relación de cuáles han sido las comisiones que hubieran podido pagar» a intermediarios, al objeto de esclarecer si tales comisiones han sido o no financiadas con cargo a los fondos autonómicos para ayudas sociolaborales. Así, ha señalado que la Consejería de Empleo reclamará su «devolución» en el caso de que los fondos públicos hayan sido empleados para pagar estas comisiones.
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
LA IMPUTACIÓN DE RIVERA Y MÁRQUEZ
El último episodio de la investigación judicial contempla la imputación en la causa del vigente de director general de Trabajo y Seguridad Social y de Juan Márquez, antecesor de Daniel Alberto Rivera al frente de este departamento de la Consejería de Empleo. Manuel Recio, a tal efecto, ha celebrado este sábado una rueda de prensa en la que ha defendido, plenamente, a Daniel Alberto Rivera, pues según ha avisado, «los hechos investigados» y por los que se le imputan «tienen su origen muchos antes de su nombramiento» como director general de Trabajo y Seguridad Social.
En el marco de esta comparecencia, y a preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Empleo ha anunciado que su departamento ha reclamado a las aseguradoras con las que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas asociadas a los ERE investigados, la entrega de una «relación de cuáles son las comisiones que hubieran podido pagar con cargo» a los fondos autonómicos destinados a las ayudas sociolaborales, dado que la Consejería de Empleo carece de «constancia» documental acerca de «comisiones de este tipo».
LA JUNTA SOLO RESPALDA «LAS PÓLIZAS»
Recio ha defendido que la Administración andaluza «solo respalda las pólizas» de seguro de rentas de las prejubilaciones de los citados expedientes de regulación de empleo, pero «no las comisiones que puedan cobrarse por intermediarios en el mundo del seguro». En ese sentido, ha insistido que a él, como consejero de empleo, no le «consta ningún pago de comisión a ninguna aseguradora», pero dado que la juez Mercedes Alaya «parece que ha sido capaz de ver» incidencias da este tipo a través de su investigación, la Consejería de Empleo ha reclamado esta información a las compañías aseguradoras.
«Esperamos que no haya sido hecha ninguna comisión con el dinero que hemos pagado a las aseguradoras para las pólizas. Si así fuera, vamos a pedirles inmediatamente la devolución», ha dicho Manuel Recio admitiendo que le parecería «fatal y escandaloso» que con cargo a los fondos públicos hubiesen sido cobrados comisiones por mediación a porcentajes tan altos como los sospechados. «Si vemos cualquier tipo de ilícito, lo trasladaremos a la Justicia», ha señalado además el consejero de Empleo.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.