RRHH Digital. El comité de empresa de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra) otorga «el beneficio de la duda» a los administradores concursales hasta el próximo lunes 16, un día después de que se cumpla el plazo que «ellos mismos fijaron» para poner sobre la mesa una solución para la fábrica. De no recibir respuesta, adoptará medidas en una reunión del grupo de seguimiento convocada para el martes.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta del comité, Dolores Ramos, resta importancia a la petición de la liquidación del grupo por parte de la administración concursal –el pasado miércoles–, puesto que «eso es un formalismo más del proceso» en el que está inmersa la compañía láctea desde que, el pasado febrero, Nueva Rumasa se declarase en quiebra.
«Se pide porque se entiende que el grupo no es viable», constata Ramos, para añadir que esta circunstancia no es «nada concreto» que afecte a la fábrica de Caldas, cuya solución, entiende, todavía «puede pasar por la venta». Feiraco, junto a otro grupo de cooperativas, lidera una oferta para hacerse con las instalaciones que cuenta con el aval de la Xunta de Galicia.
La representante de los trabajadores de Clesa en Caldas prefiere no revelar información al respecto de los contactos que mantiene con la Consellería de Economía e Industria para «no entorpecer las negociaciones», que, junto a la cooperativa que dirige José Luis Antuña, tratan de alcanzar dicha compra.
Pero, en caso de no recibir una respuesta pasado el domingo –fecha límite fijada por la administración concursal en una reunión con el director del Igape y representantes de Feiraco–, avisa que la plantilla «no va a cesar» en la defensa de sus derechos. «Y si es necesario acabaremos en los juzgados», subraya.
DESPIDOS «UNILATERALES»
Esta semana, cuatro miembros del comité de empresa acudieron a la Inspección de Trabajo, en Vigo, para denunciar la forma en que los administradores resolvieron la adopción de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 90 de los 140 trabajadores.
Al respecto, Ramos explica que «se presentó la lista de forma unilateral, elegidos a dedo por el director de planta, sin ningún criterio más que el personal». Así, tres de los despedidos son miembros del propio comité, lo que Dolores Ramos interpreta como «un ataque feroz» a la plantilla con el propósito de tratar de «dividirla».
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