Recursos Humanos Digital. El abogado de José María Ruiz-Mateos durante 27 años, Joaquín Yvancos, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ordene el ingreso en prisión de los seis hijos varones del fundador de Nueva Rumasa y de los actuales dueños del grupo como medida cautelar dentro de la causa que investiga la presunta estafa a los inversores de pagarés.
Según la ampliación de querella, presentada hoy en representación de 15 afectados, el abogado pide al juez que «proceda de inmediato y con carácter urgente a la detención y prisión provisional», eludible bajo fianza, y al embargo de sus bienes por valor de 290 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de sus actuaciones. Los querellantes consideran que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Además, formulan la petición contra el sobrino de Teresa Rivero, Alfonso Barón Rivero, presunto responsable de la estructura en paraísos fiscales, y contra el nuevo dueño de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y sus colaboradores, Iván Losada, -actual director general de la empresa- y Fernando Lavernia.
Una operación fraudulenta
En la querella se acusa a todos ellos de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, administración desleal, alzamiento de bienes, falsificación en documento mercantil y contable, así como de supuestos delitos contra los intereses de los consumidores.
El antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa considera que la operación de compraventa llevada a cabo por De Cabo, a través de la sociedad Back in Business, fue un «auténtico fraude» y con ella se pretende «evitar ejecuciones de bienes y eludir el pago de las cuantiosas obligaciones» que ascienden a cerca de 1.500 millones de euros.
Yvancos asegura en la querella que ambas partes llegaron al acuerdo de repartirse un 80% para la familia Ruiz-Mateos y un 20% para De Cabo de lo resultante de las liquidaciones de las distintas sociedades en perjuicio de los acreedores.
En este sentido, los inversores denuncian que el equipo de Back in Business, con la colaboración de los hijos de Ruiz-Mateos, está «diseñando y ejecutando operaciones jurídicas destinadas a la ocultación, enajenacion, gravamen o sustracción fraudulenta de los activos de Nueva Rumasa» en contra de los intereses de los acreedores.
De Cabo, en el punto de mira
Entre estas operaciones, se acusa al empresario de presunta falsificación de pagarés y de avales con la finalidad de presentarse como acreedores en los procesos concursales en curso. En concreto, en la querella se cita la falsificación de un aval de un presunto proveedor por un valor de 14 millones de euros presentado ante el juzgado que tramita el concurso de Cacolat.
La querella acusa también a la hija de Ruiz-Mateos, Rocío Ruiz-Mateos y a su marido, Luis Ojeda, ambos residentes en Ginebra, de substraer varias obras de arte por valor de más de 750.000 euros de la casa familiar situada en Somosaguas (Madrid). Algunas de ellas están fijadas para salir a subasta el próximo 26 de enero en la casa de pujas Ansorena.
La querella no acusa al patriarca de la familia, a su mujer y a sus otras seis hijas porque el 24 de febrero de 2004 todos ellos renunciaron ante notario a sus derechos y a la gestión del grupo Nueva Rumasa.
Responsabilidad del Estado
Por otro lado, el abogado reclama la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por no haber «puesto freno a la brutal estafa», a pesar de las numerosas campañas de publicidad en medios de comunicación realizadas por Nueva Rumasa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió en varias ocasiones de que las inversiones no estaban respaldadas por los fondos de garantía de depósitos.
En la querella se pide al juez que llame a declarar a todos los implicados en la presunta estafa, así como la declaración de testifical de los administradores concursales y de los exdirectivos de las empresas del holding, entre otras peticiones.
Desde febrero de 2008 hasta finales de 2010, Nueva Rumasa anunció varias emisiones de pagarés corporativos, a suscribir por un importe mínimo de 50.000 euros, con un tipo de interés garantizado del 8% anual con el objetivo de destinar el dinero a nuevas inversiones. Los pagarés fueron emitidos principalmente por las empresas del grupo Clesa, Grupo Dhul, Carcesa, Hibramer, Inversiones Ruiz Mateos, José María Ruiz Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles y Nueva Rumasa.
La Fiscalía Anticorrupción fija en 289,1 millones de euros el dinero que Nueva Rumasa debe a más de 4.000 inversores de pagarés, algo menos del 25% de las obligaciones contraídas con ellos por las cantidades depositadas y los intereses comprometidos.
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