Recursos Humanos Digital. La Comisión Ejecutiva de la CS de CCOO tras analizar el discurso de investidura del nuevo presidente del Gobierno quiere llamar la atención sobre la presentación de un programa de gobierno que parece parcial, anunciando un escenario de actuación inmediato y otro posterior, lo que sirve para justificar la inconcreción en muchos aspectos de las medidas anunciadas, y hace pensar en que la justificación de este doble escenario temporal puede servir, tanto para esperar a que se conozca la evolución real del déficit este año, las previsiones de crecimiento de la Unión Europea para España, como ha planteado el nuevo Presidente del Gobierno, como una forma de postergar medidas más precisas y posiblemente más intensas a que hayan pasado las elecciones andaluzas previstas para marzo. Sólo así puede entenderse que se anuncie que el presupuesto se presentará antes del 31 de Marzo.
Asimismo se ha presentado un panorama de empleo muy negativo, haciendo oficial la cifra de 5,4 millones de personas en paro, de manera que no quede ninguna duda si el dato es confirmado con la EPA del IV trimestre, de su vinculación al período del gobierno de Zapatero, así como reforzar la presión en relación con la reforma laboral. En este marco, el aparente consenso entre los principales partidos del Congreso sobre las posiciones a mantener ante la Unión Europea es útil pero incompleto. Los eurobonos y el papel del BCE como prestamista de salvaguarda o de último recurso son necesarios pero no suficientes. La flexibilidad en los plazos de cumplimiento del plan de estabilidad, pacto por el euro plus o los recientes acuerdos de una mayoría de países de la Unión Europea; la construcción de un verdadero presupuesto europeo; la orientación de las políticas hacia el crecimiento y no sólo hacia la austeridad presupuestaria; el refuerzo de las competencias europeas en un marco compatible con los principios democráticos, son entre otros, elementos a incorporar.
En materia de estabilidad presupuestaria, se anuncia la aprobación de un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Consejo de Ministros del próximo 30 de diciembre que, junto con la prórroga de presupuestos incluirá medidas concretas de no disponibilidad presupuestaria que afectará a partidas que permitan un ajuste de, al menos, 16.500 millones de Euros, anunciando ya que se espera una cifra superior que se prefiere no estimar en este momento. La definición de las mismas no se concreta y parecen difíciles de adivinar, si bien en ese marco se anticipan algunas medidas que vuelven a hacer recaer el peso del esfuerzo sobre el empleo público, anunciando una tasa de reposición cero para las vacantes que se produzcan, con la salvedad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Servicios Públicos Básicos, sin más detalle, así como una referencia a reducción de organismos públicos y gastos de funcionamiento.
Se anuncia también una Ley de Estabilidad Presupuestaria como desarrollo de la reciente reforma constitucional, que prevé la distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones públicas, así como la responsabilidad de las administraciones por su incumplimiento. Incluirá también criterios, no anticipados, de reducción progresiva del nivel de deuda hasta el 60% del PIB y un déficit estructural global máximo del 0,4% del PIB en 2020. El voto negativo de CiU que exige el pacto fiscal en un contexto de duros ajustes en Catalunya, augura una tramitación parlamentaria dura y en claves identitaria. En todo caso, se trata de un conjunto de medidas que pretenden actuar únicamente por el lado del gasto, exigiendo un aún mayor esfuerzo a las personas que trabajan en el sector público, tanto en términos de carga de trabajo como en esfuerzos retributivos, con un riesgo adicional evidente de deterioro de la calidad de servicios públicos en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.
La Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO quiere hacer notar lo injusto que resultaría seguir incidiendo en medidas que suponen destrucción de empleo neto y reducción de la capacidad económica de un colectivo de en torno a 3 millones de personas a las que ya se han exigido importantes esfuerzos y cuyos efectos sobre una menor demanda interna de bienes y servicios son claros.
En ese Real Decreto de Medidas Urgentes, se ha anunciado la inclusión de la revalorización de pensiones en 2012, recuperando con ello el cumplimiento de la previsión legal de revalorización automática que se había interrumpido en 2011 de manera innecesaria tal y como hemos denunciado insistentemente, al tiempo que reclamábamos que se recuperara el cumplimiento de esta garantía para con nuestros pensionistas. Saludamos la medida, si bien recordamos la necesidad de establecer las medidas de recuperación del poder adquisitivo perdido por los pensionistas en 2011 tal y como, por otra parte, se recoge en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social y en línea con la posición del PP en el debate Parlamentario de mayo 2010 de rechazo a la congelación que recoge el acuerdo en materia de pensiones alcanzado en el marco del diálogo social tripartito el pasado 2 de febrero de 2011.
CCOO quiere destacar que en este Real Decreto deberían recogerse otras medidas de importancia sobre las que no ha habido declaración alguna del futuro Presidente del Gobierno. Se trata, entre otras cuestiones, de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la previsión de incremento salarial de empleados públicos, la prórroga del derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo y bonificaciones por reducciones o suspensiones de empleo, la prórroga de la prestación asistencial de 400 € cuya vigencia temporal está previsto finalice en febrero de 2012, entre otras. Salario Mínimo e IPREM deben ser sometidos a consulta, tan y como hemos reclamado, y al menos deberían evolucionar con la inflación.
Rajoy ha anunciado también actuaciones urgentes para culminar la reestructuración del sector financiero en los primeros seis meses de 2012. Ha mencionado medidas de saneamiento de balances, venta de inmuebles y valoración prudente de activos menos líquidos; fortalecer la capacidad del sector financiero mediante nuevos procesos de concentración, así como actuar sobre el sistema de supervisión y regulación del Banco de España. Desde CCOO exigimos, sobre este apartado, que cualquier decisión en materia de saneamiento de balances debe evitar el riesgo moral de pedir esfuerzos al conjunto de los ciudadanos en esta materia, mediante la aportación de fondos públicos, sin exigir las responsabilidades correspondientes a las personas cuya gestión directiva está en el origen de esta situación. Es preciso reforzar los criterios de responsabilidad social y transparencia en la gestión, así como limitar las retribuciones de consejeros y ejecutivos.
Asimismo, debe culminarse el proceso de integración de entidades alrededor de los sistemas institucionales de protección (SIP), reduciendo órganos y gastos innecesarios, al tiempo que se fortalece la unidad de empresa y se modifica la reciente regulación que obliga a las cajas de ahorros a perder ese carácter, si mantienen una posición inferior al 50% en el capital de las nuevas instituciones financieras. Compartimos la necesidad de definir un nuevo sistema de regulación del Banco de España, lo venimos reclamando en los últimos años, una vez acreditada la responsabilidad de este órgano supervisor en la magnitud de la crisis financiera española por ausencia de una actuación efectiva durante los años en los que se ha generado. Llama la atención la ausencia de reformas al papel del Instituto de Crédito Oficial como elemento para activar el crédito.
En cuanto a las medidas anunciadas en relación con el mercado de trabajo, estructura y contenidos de la negociación colectiva, solución extrajudicial de conflictos, formación de los trabajadores, eficiencia y costes del mercado de trabajo,…; la Comisión Ejecutiva de CCOO recuerda que son materias que, entre otras, están siendo abordadas entre organizaciones empresariales y sindicales y que el acuerdo en estas materias es la única garantía de eficacia en las actuaciones. La mayor flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo como mecanismo de adaptación al ciclo económico, exige reforzar la interlocución y el acuerdo para evitar que derive en un mero incremento arbitrario de la capacidad unilateral del empresario. Las reformas impuestas sin consenso de los agentes sociales, es decir sin trabajadores y empresarios los protagonistas del mercado de trabajo, no han funcionado en el pasado y no lo harán en el futuro.
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