RRHH Digital. El sindicato Asociación Laboral de Trabajadores del Ahorro (ALTA) ha presentado una querella contra un ex alto directivo de Caja Mediterráneo (CAM) por, supuestamente, acogerse ilegalmente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y cobrar una cantidad estimada en 1,5 millones de euros.
Según la querella criminal, con fecha del pasado 6 de octubre y facilitada hoy a EFE, ALTA afirma que en la inclusión del ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM Daniel Gil en el ERE de la entidad alicantina se podrían haber cometido los delitos de estafa, societario y de falsedad documental.
La querella va dirigida tanto contra Gil como contra las personas físicas o jurídicas que hayan podido ser cómplices.
Se da la circunstancia de que Gil está imputado por el juez de la rama del caso Brugal, que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
La querella expone que en 2010 CAM diseñó un ERE que afectó a un total de 2.200 empleados, entre cuyo listado de nombres no figuraba el querellado Gil, quien además no tenía derecho a acogerse a la citada prejubilación por sus condiciones laborales especiales dentro de CAM.
Sin embargo, ALTA ha conocido que poco antes de la intervención de CAM por parte del Banco de España, concretamente el 1 de julio de 2011, la entidad presentó a la administración un listado de trabajadores afectados entre los que sí se incluía a Daniel Gil y en el que se informaba de que el contrato de éste último había quedado extinguido dos días antes.
Para el sindicato querellante, Gil, «en connivencia con otros directivos de CAM o responsables de recursos humanos», logró «la extinción de su contrato de trabajo de forma fraudulenta mediante la inclusión en un listado de trabajadores afectados pese a que no formaba parte del ERE».
Aunque ALTA señala que desconoce el importe económico exacto que ha cobrado Gil por la prejubilación, ha estimado que la cifra podría ser «superior al millón quinientos mil euros».
Además, destacan en la querella que la prejubilación del exdirectivo pocas fechas antes de la intervención por parte del Banco de España permitió a Gil evitar un posible «despido disciplinario sin derecho a ningún tipo de indemnización», como ocurrió en el caso de la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós.
En la querella se pide al juez que tome medidas cautelares contra Gil o los que le hayan ayudado, por ejemplo con el embargo preventivo de bienes por valor de 1,5 millones de euros.
Un portavoz de ALTA ha explicado a EFE que no han querido dar a conocer antes la presentación de la querella para evitar contribuir al deterioro de la imagen de CAM, y ha recalcado que su propósito es defender los intereses tanto de los trabajadores como de los clientes de la entidad, ahora propiedad del Banco de Sabadell.
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