Recursos Humanos Digital. A Pablo Ruiz Mateos no le parece suficiente con haber dejado a Chocolates Trapa en una delicada situación económica, ahora ha demandado a la empresa palentina por despido improcedente.
Pablo Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, ha presentado una demanda por despido en Trapa, donde estaba contratado como economista con un salario de alrededor de 193.000 euros anuales, informaron a Europa Press en fuentes próximas a la empresa, en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio.
La administración concursal de Trapa rescindió el contrato al constatar que no se presentaba en su puesto de trabajo, a lo que Pablo Ruiz-Mateos, en su escrito de contestación al despido, replicó que el puesto no precisaba estar presente en el centro de Palencia, según las mismas fuentes. Ambas partes tendrán que defender sus respectivos argumentos en un acto de conciliación.
Por su parte, Pablo Ruiz-Mateos aseguró a Europa Press que «nunca» cobró «absolutamente nada» de la empresa, aunque reconoció que estaba dado de alta con una «nómina razonable de unos 3.000 euros al mes».
La firma fabricante de bombones es una de las sociedades que la familia Ruiz-Mateos traspasó al empresario Ángel de Cabo. No obstante, el nuevo propietario fue apartado de la gestión por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia, tras «afirmar categóricamente la imposibilidad de presentar en este momento procesal un plan de negocio».
Las sociedades que conforman Trapa (Soluciones Comerciales Trapa y Productora de Chocolates y Brookfield Promociones 21) informaron de la transmisión de las participaciones a través de contratos privados de compraventa suscritos el 8 de septiembre en Sion (Suiza) con el grupo Back in Business, de Ángel de Cabo.
El juez sostuvo que, pese al cambio de titularidad de las concursadas, era necesario un plan de negocio para asegurar la continuidad de la actividad empresarial, que «no podía permanecer ‘sine die’ sin una dirección estratégica», por lo que decidió que la gestión quedaría en exclusiva en manos de los administradores concursales.
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