RRHH Digital. La Confederación Europea de Sindicatos ha remitido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, y al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, en la que advierte de que cambiar el Tratado de la Unión Europea «no es una prioridad inmediata» y añaden que las «soluciones constructivas» para hacer frente a la «amenaza existencial» a la que se enfrenta Europa «pueden y deben encontrarse en los textos actuales».
Sin embargo, consideran que, si se toma una decisión de modificar el Tratado, ante el debate abierto por el presidente francés, Nicolas Salrozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, la CES debe ser escuchado porque su apoyo «no puede ser dado por supuesto». Por ello, piden al Consejo Europeo que «reflexione seriamente» sobre sus demandas y solicitan una reunión antes del Consejo de esta semana.
«La aceptación de cualquier cambio dependerá estrechamente del respeto a los procesos democráticos y al reconocimiento y*tratamiento de las consecuencias sociales», asegura el texto firmado por la secretaria general de la CES, Bernadette Segol, y su presidente y secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo.
La Confederación reclama un «acción urgente para salvar a millones de personas» del desempleo y la pobreza, y denuncia que las instituciones europeas están «enviando mensajes negativos a los ciudadanos europeos que fomentan el malestar social y los sentimientos antieuropeos».
A su juicio, Europa necesita «urgentemente» inversión para un desarrollo sostenible, lo cual sólo puede lograrse a través de la «solidaridad económica» bajo la forma de eurobonos, una acción de largo alcance del BCE, un impuesto a las transacciones financieras, tributos «justos», y una acción concertada contra la evasión y el fraude fiscal, así como la ‘paraísos fiscales’.
Asimismo, exige que se respeten los derechos de negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales, frente a las propuestas de presionar los salarios a la baja, flexibilizar la contratación, el despido y las condiciones de trabajo y debilitar la protección de la seguridad social y los servicios públicos. «No están contribuyendo a una solución justa y sostenible», denuncia.
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