Recursos Humanos Digital. El Gobierno vasco ha presentado a los sindicatos de la Función Pública una propuesta para reducir el gasto de personal en 100 millones de euros en 2012, que incluye recortes en las primas por jubilación voluntaria o en los complementos por incapacidad transitoria, aunque ha asegurado que ello no supondrán «una merma de la calidad del servicio».
La propuesta, planteada en la reunión de la Mesa General de Negociación celebrada este miércoles, incluye un pacto por la sostenibilidad del empleo público y aboga por la eficiencia de los servicios públicos, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.
El Ejecutivo negocia la puesta en marcha, a partir del próximo año, de medidas de ahorro para la reducción del gasto de personal. En Euskadi, hay 66.769 trabajadores públicos en la Administración de la comunidad autónoma.
La aplicación de estas medidas, según ha informado el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, permitirá a la Administración un ahorro de más de 100 millones de euros a lo largo del año 2012, «sin que ello suponga una merma de la calidad del servicio».
En ese contexto, el Ejecutivo va a poner en marcha un plan temporal de medidas de ajuste y ahorro del gasto con los que hacer frente a «la complicada coyuntura actual». Todo ello, «manteniendo su alto nivel de eficiencia».
El objetivo es mantener la contención del gasto en personal a lo largo del próximo año. Para ello, se han identificado seis bloques de medidas, entre las que se incluyen la suspensión temporal de las primas por jubilación voluntaria o los contratos relevo. Las mismas se aplicarán a todos los departamentos de la Administración Pública Vasca durante un periodo de un solo año (ejercicio 2012) y permitirán el citado ahorro superior a los 100 millones de euros.
Además, se prevé la suspensión de las primas por jubilación voluntaria, que durante el próximo se suspenderán en su totalidad en la Administración vasca. Por otra parte, se prevé la suspensión del contrato de relevo, que podría afectar a 365 personas. De la misma forma, se suspenderá la opción de prórroga del servicio activo con 65 años. Eliminar esta posibilidad afectaría a 201 personas.
JUBILACIÓN FORZOSA
La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declarará de oficio al cumplir los 65 años de edad. La Administración vasca entiende que «tan importante como no incrementar plantillas en un momento de contención del gasto público, es que se tenga la posibilidad de establecer políticas de no cobertura de los puestos de trabajo que queden vacantes como consecuencia de la jubilación de los titulares». No obstante, la Administración admite que no todas las plazas podrán amortizarse.
Otra medida consiste en la revisión de los complementos de incapacidad transitoria en los casos de enfermedad. Durante los diez primeros meses de 2011, se han producido en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi (incluyendo las sociedades públicas) un total de 48.135 bajas, que han supuesto un coste de IT (Incapacidad transitoria) de 43,8 millones de euros en materia de complementos.
Dado el actual momento económico, el Gobierno vasco se plantea dentro de las medidas de ahorro revisar este complemento de IT del 100 por ciento que abona actualmente en todos los casos. De esta forma, el próximo año ese porcentaje sólo se mantendría para los casos de baja por accidente laboral. La propuesta del Gobierno contempla la supresión de los complementos del pago de la incapacidad transitoria.
También se plantea la suspensión del devengo de la carrera profesional. El Ejecutivo propone limitar la posibilidad de acceso y convocatoria de nuevos desarrollos de carrera durante 2012. La medida afectaría a los departamentos de Interior, Justicia, Educación y Osakidetza y se aplicará «mediante acuerdo en la negociación colectiva».
El sexto eje de actuación afecta a la Instrucción de Función Pública para la contención del gasto en la Administración General. El Gobierno ha destacado que durante el año 2011 «ya se han logrado importantísimos ahorros» derivados de la suspensión de las sustituciones y acumulación de tareas para cubrir las vacantes de personal.
La reducción en ese capítulo ha sido muy importante desde la entrada en vigor de la instrucción de Función Pública, que limitaba los supuestos para permitir la cobertura de vacantes. A pesar del «fuerte esfuerzo» realizado en este capítulo, la Administración considera que existen determinados puestos que deben ser cubiertos ante cualquier eventualidad.
«CONTENCIÓN ABSOLUTA»
Desde el Gobierno se ha asegurado que estas decisiones no supondrán «recortes del personal» en la Administración, que no incrementará su volumen pero que contará «con una mayor estabilidad». Como ya anunció el Gobierno al presentar el proyecto de Ley con las cuentas oficiales para 2012, la contención para el próximo año va a ser «absoluta» para los gastos de personal, de funcionamiento de la Administración y de las subvenciones.
No obstante, en materia retributiva se depende de la normativa estatal en cuanto a las retribuciones básicas. El Gobierno vasco ha explicado que «la persistencia, incluso empeoramiento, de la grave crisis económica, unido a la severa caída en los ingresos fiscales», le ha «obligado» a seguir aplicando a lo largo del próximo ejercicio «una rigurosa política de contención del gasto», que da continuidad a las ya aplicadas durante 2010 y 2011.
LOS COMPROMISOS DE LA LEGISLATURA
Otros de los capítulos que han sido abordados por el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, en la reunión de la Mesa General han sido «el esfuerzo acometido» para resolver el problema de estabilidad de las plantillas de la Administración mediante la reducción de la interinidad en la misma y el freno a la externalización.
El viceconsejero ha destacado «los compromisos más firmes y claros» que afrontó el actual Ejecutivo, como «la responsabilidad y compromiso por pactar medidas de distinta índole que contuvieran el gasto e incrementaran el control del mismo».
También ha recordado las medidas para «racionalizar la estructura administrativa, algo que llevaba intrínseco un claro compromiso de este gobierno en relación al empleo público». Ramos ha explicado que el objetivo es «regularizar la situación y profesionalizar al empleado público», es decir, «dotar a la plantilla de la Administración de una mayor estabilidad, reduciendo la precariedad que supone la interinidad».
Lo que se pretende, tal y como ha explicado, es «mantener el empleo público, las mismas plazas sin crear ninguna nueva». En Euskadi hay 66.769 trabajadores públicos en la Administración de la comunidad autónoma.
Según ha recordado, al comienzo de la legislatura había un 32 por ciento de trabajadores interinos, pero el cumplimiento de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) pactadas «ha reducido la cifra considerablemente».
Ramos ha destacado la necesidad de «poner en valor al empleado público, teniendo en cuenta que profesionalizar al trabajador publico es sin duda una medida de ahorro para las arcas públicas». Según ha explicado, «mucha gente desconoce que las OPE no suponen incrementos de las plantillas ni tampoco incrementos del gasto», sino que, «al contrario, permiten ahorrar».
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