Instan al Ayuntamiento de Málaga a aplicar el protocolo del Gobierno que regula el ‘mobbing’ en la función pública

RRHH Digital. El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción en el pleno de la próxima semana proponiendo la realización de manera «inmediata» de las gestiones necesarias para la aplicación en el Consistorio del protocolo de actuación sobre el acoso laboral en la Administración Pública aprobado por el Gobierno.

Así lo anunció la concejala socialista Ana Isabel Cerezo Domínguez, quien ha recordado que el pasado 1 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que se aprobaba el acuerdo del protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado.

Este protocolo viene a desarrollar de una manera práctica la Constitución española y el Estatuto Básico del Empleado Público, regulando todo el procedimiento de actuación desde que se formula una denuncia, aunque tiene un alcance limitado a la Administración General del Estado.

Según este protocolo, se considera acoso laboral o ‘mobbing’ en la función pública mantener a un funcionario sin trabajo, ordenarle tareas inútiles, reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada o tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo, entre otras situaciones.

Como ha indicado Cerezo a Europa Press, «los medios de comunicación informan periódicamente de denuncias o recursos formulados por agentes de la Policía Local contra determinadas conductas arbitrarias que podrían incardinarse entre los supuestos que el protocolo señala como de acoso laboral o de otras conductas constitutivas de infracción».

 Ante esto, «es triste comprobar que de forma habitual el Ayuntamiento adopta una actitud pasiva frente al denunciante porque nunca investiga lo denunciado», ha criticado la edil del PSOE; sin embargo, ha añadido, «sí pone sistemáticamente todos los recursos jurídicos municipales para defender ante los tribunales las arbitrariedades denunciadas, sin que cuando éstas son declaradas en sentencia firme se adopte ninguna medida sancionadora contra el causante de la misma».