RRHH Digital. La Fiscalía Superior de Andalucía ha ampliado la denuncia contra la empresa de telemercadotecnia MKF, acusada de presunto fraude en la contratación de discapacitados, y ha remitido las diligencias de investigación penal al Juzgado instructor que mantiene abierta una investigación sobre los hechos.
Así consta en el decreto del fiscal superior, Jesús García Calderón, al que hoy ha tenido acceso Efe, donde se hace constar la supuesta existencia de una conducta «sistemática y claramente encaminada a la obtención de grandes sumas de dinero a través del cobro de subvenciones» por parte de la referida entidad denunciada.
El Ministerio Público, que se suma de esta manera a las actuaciones iniciadas en su día por el sindicato CCOO y otros trabajadores afectados en Granada, Jaén y Sevilla, se basa en la investigación encargada a la Unidad Adscrita de Policía Judicial.
De acuerdo con esta indagación policial y la documental aportada en este caso, el fiscal considera que al menos «indiciariamente» la empresa ha podido incurrir «en graves irregularidades» con responsabilidad criminal y cita posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores o falsedad en documentos públicos.
Según se recoge en el decreto, la mayoría de las contrataciones hechas por la sociedad investigada, calificada como «Centro Especial de Empleo» y con domicilio en Jaén, estuvieron bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad y tuvieron una duración menor a la legalmente establecida para estos casos.
Estas contrataciones supusieron «un notable incremento económico» para la empresa beneficiaria de las subvenciones que, en ningún caso y «de manera intencionada», vinculó la percepción de las ayudas con la continuidad laboral del empleo, con la integración laboral de personas discapacitados o con la viabilidad económica de la entidad.
El informe policial señala que entre los afectados habría al menos un total de 95 trabajadores y que la cantidad percibida ascendería a más de 1,38 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, según la información de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Precisamente respecto a esta administración, el fiscal recuerda la necesidad de que tenga lugar «el suficiente control y seguimiento» de las contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el reintegro de las cantidades percibidas.
En el decreto también se hace referencia al sobreseimiento provisional y archivo del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla de las diligencias iniciadas a raíz de la querella presentada por la empresa contra distintos cargos y funcionarios de la Consejería de Empleo por incumplimiento de algunas «obligaciones» económicas.
El sindicato CCOO se ha mostrado hoy «muy satisfecho» con esta actuación por parte de la Fiscalía y ha cuestionado la falta de control por parte de la Junta de Andalucía en las subvenciones que otorga, aunque considera que la responsabilidad última correspondería a la empresa denunciada.
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