RRHH Digital. Nueva polémica por las retribuciones millonarias en las cajas de ahorros. Cuando aún no se habían apagado los ecos por la prejubilación de medio millón de euros que ha recibido el exalcalde de León, Francisco Fernández, ahora se conoce que el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, recibirá seis millones de euros por su salida de la entidad.
Desde Caja Segovia no se ha hecho público el importe de la prejubilación de Escribano aduciendo razones de intimidad. La entidad tampoco ha negado que vaya a ser de seis millones de euros y simplemente ha matizado que no se trataría de una indemnización sino que el exdirectivo se ha acogido al plan de jubilaciones que ha puesto en marcha la Caja y que ha beneficiado a otros trabajadores. Manuel Escribano, de 55 años, tiene reconocido el 74,7 por ciento de su sueldo hasta la edad de su jubilación. De esta manera, puede percibir 275.000 euros netos anuales, un vez descontado los impuestos y otros gravámenes.
Esta cantidad acumulada en bruto se acerca a los seis millones de euros en diez años, sin contar si el exdirector general tiene algún plan de pensiones aparte contratado por la entidad.
Pese a la falta de información oficial, varios consejeros de Caja Segovia han solicitado la celebración de una reunión para aclarar las retribuciones que cobran los directivos y las prejubilaciones que se han aprobado poco antes de acometer el proceso de fusiones.
Caja Segovia fue una de las entidades que junto a Caja Madrid y otras cinco cajas se ha integrado en Bankia. El SIP ha recibido más de 4.600 millones en ayudas del Frob. El banco que lidera Rodrigo Rato ha aprobado recientemente un plan de homologación de las retribuciones de sus directivos.
Mientras, crecen las críticas políticas tras conocerse este nuevo caso. El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Francisco Martín, ha calificado de «escándalo» la cifra que cobrará Manuel Escribano.
Martín añadió que para terminar con estos casos, su Grupo ha presentado una Proposición no de Ley para aclarar este tipo de situación y para hacer «un striptease» al sector financiero de Castilla y León.
El objetivo, señaló, es conocer cuánto han percibido mientras pertenecían a las entidades y cuando se marchan de las mismas. Se persigue, dijo, conocer cuánto han percibido cada uno de los órganos de gobierno, así como los directivos de las cajas desde la última renovación de sus órganos.
En esa PNL se insta a la Junta a la modificación del artículo 87.5 del Real Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio en el sentido de que cuando las cajas desarrollen su actividad indirectamente, la Obra Social sea gestionada por una Fundación que no se podrá reunir más de cuatro reuniones anuales, salvo urgencia o necesidad apreciada y autorizada por la Consejería de Hacienda.
Por su parte, el miembro del consejo y viceportavoz del PP en las Cortes regionales, Juan José Sanz Vitorio, asegura desconocer los términos exactos del acuerdo con Escribano, pero entiende como «sensato y razonable» que se aclaren cifras.
El portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago, aseguró ayer que la Junta no ha recibido la información que solicitó a las cajas sobre los emolumentos de sus directivos, que reclamó tras el caso de Francisco Fernández.
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