Recursos Humanos Digital. Esta obligación parte de una modificación legal realizada en el año 2010. Previamente, la norma recomendaba a las administraciones reservar algunos de sus contratos a estos centros, pero no exigía ningún porcentaje concreto. La nueva redacción, sin embargo, exige a las administraciones públicas la creación de un sistema que permita asegurar el cumplimiento de la ley, facilitando así a los CEE y a los CIS que tengan trabajo suficiente en estos tiempos de crisis.
Está previsto que este aumento de trabajo de los centros especiales de empleo y de los centros de inserción social repercutirá en un ahorro en las cantidades que el Gobierno de Navarra destina a estos centros para contribuir a su viabilidad, puesto que, si tienen trabajo, serán más viables y requerirán de menos ayuda pública en forma de subvenciones, especialmente en ayudas destinadas a paliar el déficit de estas entidades, que en 2011 alcanzaron el millón de euros, según ha informado el Ejecutivo en una nota.
La comisión se encargará de coordinar a los distintos departamentos y empresas públicas de la Administración foral de cara a garantizar el cumplimiento de la reserva de contratos, así como de impulsar el desarrollo reglamentario de este mandato legal. Para ello, el acuerdo ordena a todos los departamentos que presten, con la mayor celeridad y eficacia, cuanta colaboración y apoyo les sean requeridos por la comisión.
Asimismo, informará, sin perjuicio de las competencias de los órganos de contratación y de la Junta de Contratación Administrativa, de las cuestiones que se puedan plantear en relación con el cumplimiento de este precepto, y propondrá, en su caso, las modificaciones normativas que sean necesarias. Finalmente, impulsará acciones de sensibilización para el cumplimiento de esta obligación parte de las otras administraciones públicas de Navarra, como las entidades locales.
El órgano estará dirigido por la consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes Goicoechea, e integrado, además, por el director gerente del Servicio Navarro de Empleo, José Javier Esparza, quien ejercerá de vicepresidente; el director general del Presupuesto, Juan Francisco Franco, y la directora general de Asuntos Jurídicos y Presidencia, Marta Pernaut.
Además, formarán parte de él un representante de la Asociación de Centros de Empleo de Navarra (ACEMNA), un delegado de la Comisión de Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro de Navarra y otro de la Asociación Navarra de Centros de Inserción Sociolaboral. Ejercerá las funciones de secretaría la directora del Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de Oportunidades del Servicio Navarro de Empleo.
Para el cumplimiento de sus fines, la comisión se reunirá, de forma ordinaria, dos veces al año, y de forma extraordinaria cada vez que sea necesario. En la primera reunión del año se aprobará la planificación de los distintos departamentos en cuanto a contratación, que deberá incluir los contratos que se pretenden reservar con arreglo al mandato establecido por la ley. 38 MILLONES DE EUROS EN TRES AÑOS
Los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, asegurando un empleo a las personas con discapacidad. Así, al menos el 70% de su plantilla debe estar formada por personas con discapacidad. El primer CEE de Navarra se creó en el año 1987, y actualmente existen 17, que dan empleo a 1.258 personas.
En los últimos tres años, el presupuesto destinado a los CEE por parte del Gobierno de Navarra a través del SNE, ha superado los 32 millones de euros (10.970.749 euros en 2011), que se dirige a subvencionar el 50% (o 75% según el grado de discapacidad) de los salarios de las personas con discapacidad, los costes de Seguridad Social de estas personas, las unidades de apoyo, las inversiones, las asistencias técnicas y la formación, y el déficit que su actividad genera (un millón de euros en 2011).
Por otro lado, los centros de inserción sociolaboral son centros que participan en las operaciones de mercado y que tienen como finalidad principal conseguir la incorporación social y laboral de personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo a través de procesos personalizados de formación y empleo. El contrato de trabajo que se realiza a estas personas (al menos el 30% de la plantilla tiene que tener esta condición), tiene un máximo de tres años, transcurridos los cuales deben incorporarse al mercado laboral ordinario. Todos son sin ánimo de lucro.
El primer CIS se creó en el año 2000, y actualmente existen 13 centros de estas características. Dan empleo a 195 personas.
En los últimos tres años, el presupuesto destinado a los CIS por parte del Gobierno de Navarra a través del SNE ha superado los 6 millones de euros (1.805.000 euros en 2011), que se dirige a subvencionar el 80% del SMI por trabajador en exclusión o riesgo de estarlo, los costes de Seguridad Social de estas personas, el personal de apoyo, las inversiones, y las asistencias técnicas y la formación.
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