RRHH Digital. La aerolínea australiana Qantas Airways volvió a volar ayer tras dejar en tierra a su flota en todo el mundo durante el fin de semana en una osada táctica para obligar al Gobierno a intervenir en la peor disputa laboral del país en una década.
El sábado Qantas tomó la drástica medida de dejar en tierra todos sus vuelos, afectando a 70.000 pasajeros y llevando al Gobierno y a su regulador del mercado laboral a buscar un rápido final a las hostilidades entre la firma y sus sindicatos.
Instigado por el Gobierno, el tribunal laboral australiano ordenó a Qantas reanudar los vuelos y prohibió a los sindicatos que realicen más huelgas mientras continúan las negociaciones.
«Esta fue la única forma de llegar a una conclusión», dijo a la prensa el consejero delegado de Qantas, Alan Joyce, tras 36 horas de un arriesgado juego de presión política.
Más tarde, después de recibir el visto bueno de los reguladores de aviación, Qantas reanudó los vuelos desde Sídney con la partida de un Airbus A330 con dirección a Yakarta.
En el resto del país y en el extranjero, salas de espera de aeropuertos estaban llenas de pasajeros de Qantas ansiosos por reanudar sus viajes tras un frustrante fin de semana de espera.
«Entiendo que las huelgas pasan, pero detener todos los vuelos sin pensar en los pasajeros (…) No estoy de acuerdo con eso», dijo Mary Keers, una mujer irlandesa de 50 años que aguardaba en el aeropuerto Changi de Singapur para volar hacia Perth.
Joyce, calificado como un «kamikaze» por un diario por haber protagonizado su propia huelga contra los sindicatos, quedó expuesto a las críticas de Canberra y de las agencias crediticias por la medida de fuerza.
Moody’s y Standard & Poor’s insinuaron el lunes posibles bajas crediticias para la aerolínea, citando la paralización de los vuelos y el riesgo de un daño a la marca. Ambas agencias actualmente califican a Qantas en el extremo inferior del grado de inversión.
El tribunal laboral ordenó que Qantas y los trabajadores terminen con sus disputas y las resuelvan dentro de 21 días, de lo contrario enfrentarán una decisión arbitral.
La disputa se ha prolongado durante meses, pero escaló recientemente cuando la firma anunció sus planes para recortar 1.000 puestos de trabajo y pedir nuevos aviones valorados en 9.000 millones de euros dentro de sus medidas para salvar su negocio internacional.
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