RRHH Digital. El 52 por ciento de las empresas públicas incorpora claúsulas sociales y medioambientales en sus políticas de selección de proveedores mientras que una de cada cinco prevé implementar estos criterios a corto plazo, según se desprende del ‘Estudio sobre la RSE en la empresa pública’ presentado este jueves por Forética, Adif y Garrigues Medio Ambiente.
El documento constata que las empresas públicas están avanzando en la consecución de los requisitos que recoge la Ley de Economía Sostenible ya que una quinta parte ha establecido una política formal de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el 35 por ciento cuenta con departamento de RSE.
Además, las entidades públicas de mayor tamaño son las que primero han empezado a integrar aspectos relacionados con la RSE en sus organizaciones. Sin embargo, según el estudio, una de las mayores diferencias entre empresas privadas y públicas es que para estas últimas la RSE «parece ser una herramienta de legitimación de cara a su propia existencia, más que como elemento de competitividad».
El estudio –elaborado con la colaboración de la Universidad de Granada– también revela que existe una alta notoriedad del fenómeno RSE entre las empresas públicas, lo que podría indicar que este tipo de empresas tienen mayor conocimiento que la media sobre qué es la RSE.
Respecto a las principales barreras a las que se enfrentan a la hora de integrar la RSE en su modelo de negocio, se mencionan la ausencia de estrategia continuada, la falta de concienciación de los trabajadores y la escasez de recursos disponibles.
En cuanto a los retos pendientes vinculados a la Ley de Economía Sostenible, el estudio que refleja prácticamente tres de cada cuatro de las empresas públicas están informando sobre sus políticas de gobierno corporativo, si bien no se trata de informes de gobierno corporativo en sentido estricto, y el 11,6 por ciento están en proceso de hacerlo.
CASI UN 30% CUENTA CON MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
Asimismo, un 27,5 por ciento de las empresas públicas publican memoria de sostenibilidad y un 7 por ciento están en proceso de hacerlo. Por otro lado, más de la mitad de las empresas públicas informa sobre políticas de igualdad y diversidad y cerca de la quinta parte está en proceso.
Por último, el 65,2 por ciento de las empresas establece sistemas de medición y control del consumo energético, mientras que un 13 por ciento está en proceso. El estudio destaca que casi la quinta parte de las compañías públicas está llevando a cabo la medición de su huella de carbono y un 8,7 por ciento está en proceso.
En el acto de presentación del estudio, el director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, ha recalcado que «las empresas públicas han de comprometerse ahora más que nunca a integrar la RSE en su gestión, como un modelo eficaz para su estrategia de
negocio». En este sentido, ha añadido que «la RSE debe ser contemplada por ellas como un valor, nunca como una obligación o un gasto».
‘El proyecto sobre RSE en empresas públicas’ se puso en marcha en septiembre de 2010 y cuenta con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración y las empresas públicas EMASESA y Autoridad Portuaria de Valencia, además de la adhesión de ocho gobiernos autonómicos. El estudio, elaborado a partir de una encuesta a entidades estatales, autonómicas y locales, es fruto del proyecto ‘Acelerando la RSE en empresas públicas’, enmarcado en la iniciativa europea Enterprise 2020.
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