Recursos Humanos Digital. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha pedido una «profunda» reflexión a la posibilidad que ha dejado caer el presidente de la CEOE, Joan Rosell, de que los sindicatos puedan entrar en los consejos de administración de las empresas, «ya que la experiencia previa ha sido mala, pues no se han podido evitar los escándalos en las cajas de ahorros».
«El tema de la participación en los consejos de administración lo llevamos planteando mucho tiempo, pero requiere mucha reflexión porque exige un modelo de corresponsabilidad distinto al actual», ha subrayado Ferrer, para quien la presencia de los sindicatos en las empresas «no tiene por qué cambiar las cosas».
El dirigente sindical ha explicado que en la mayoría de los países europeos tienen diversas fórmulas de representación en las empresas y ha recordado que en España la presencia de las organizaciones en los consejos comenzó en 1984 en el antiguo Instituto Nacional de Industria, lo que hoy se conoce como Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Por otra parte, Ferrer ha pedido a los poderes públicos que la legalidad recoja las prácticas sociales en las empresas, pues ha asegurado que los estándares de legalidad en cuanto a responsabilidad social «son cada vez más bajos».
«Si una empresa quiere repartir dividendos, tendrá que gravarlo en el Impuesto de Sociedades, o si decide pagar a su consejero delegado un sueldo fuera de la lógica, no puede computarlo en la cuenta de resultados como gasto», ha aseverado el secretario de Acción Sindical de UGT, quien ha advertido de que si no se produce ese «salto cualitativo», todo seguirá como hace unos años.
«LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ES UNA SALIDA A LA CRISIS»
Ferrer ha afirmado que la responsabilidad social corporativa abre la posibilidad a salidas «alternativas» a la crisis económica, pues ha asegurado que «hay otra forma de hacer las cosas, que no tiene que ver con recortar pensiones, salarios, etc».
En este sentido, el dirigente de UGT ha puesto como ejemplo la crisis de 1993, cuando se hizo el acuerdo de ampliación de capital de Iberia, por el que los trabajadores aceptaron una rebaja de su salario a cambio de acciones en la compañía.
El dirigente sindical ha señalado que ésta es una crisis «sistémica», ya que ha impactado en los modelos de producción, de consumo y de organización política, por lo que ha abogado por idear nuevos modelos de organización social.
Además, Ferrer ha defendido las prácticas sociales en las empresas, «ya que, gracias a ellas, se ha descubierto que arruinar una empresa es perfectamente compatible con sueldos de escándalo y con blindarse de cara al futuro, a la vez que se ha conseguido una mayor transparencia en las administraciones públicas».
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