Recursos Humanos Digital. El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con los únicos votos del PSOE-A, mientras que PP-A e IULV-CA han votado en contra, la nueva Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, que es fruto de su adaptación a los cambios introducidos en la Ley Orgánica Reguladora de Cajas de Ahorro (Lorca). Como novedad, la nueva norma andaluza establece que las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las entidades no podrán ser en ningún caso superiores a las fijadas para el presidente de la Junta de Andalucía.
Durante su intervención en el debate final de la Ley ante el Pleno, el diputado del PSOE-A Felipe Luis Sicilia ha manifestado que esta nueva ley persigue, ante todo, fortalecer a las cajas para que puedan facilitar créditos a personas, familias y empresas, mientras que ha recordado que, para lograr la profesionalización de los órganos de gobierno, se articulan en la norma diferentes disposiciones.
Ha señalado que al PP no se le han aceptado determinadas enmiendas no por falta de voluntad de consenso, sino «porque son malas desde el punto de vista técnico». Para el diputado socialista, hay enmiendas del grupo popular que van contra los intereses del sistema financiero andaluz ante los procesos de fusiones que están llevando a cabo varias entidades. Ha criticado que el PP-A tache a la nueva norma de «intervencionista», cuando el presidente de ese partido, Javier Arenas, se ha pasado meses reprochando al Ejecutivo que no haya propiciado la unificación de las cajas andaluzas. Para Sicilia, el PP entiende que si ellos practican intervencionismo «es un ejercicio de responsabilidad», pero si lo hace el PSOE es algo «inasumible».
Por su parte, el parlamentario del PP-A Carlos Rojas, que ha defendido más de una veintena de enmiendas de su grupo, que han sido rechazadas por el PSOE, ha criticado que no haya existido «voluntad de consenso» por parte del Gobierno, que ha optado por legislar «a golpe de decreto ley, sin contar para nada con el PP». Tras apuntar que el Gobierno se ha limitado a vender «el control de las retribuciones de los directivos de las cajas», algo con lo que el PP está de acuerdo, Rojas ha indicado que su partido sigue teniendo importantes discrepancias con el proyecto de presentó el Ejecutivo.
Así, ha señalado que mientras en la nueva Ley se proponen cajas más profesionales, desde el PP se plantea que sean «totalmente profesionales y que se acabe con la actual politización» en las entidades y, ante todo, que la administración «deje de ser intervencionista». La nueva ley, a su juicio, «destila intervencionismo por los cuatro costados» y ha lamentado el «debilitamiento» que ha vivido el sistema financiero andaluz porque desde la administración no se han adoptado medidas en la buena dirección.
El diputado de IULV-CA José Manuel Mariscal ha denunciado que PSOE y PP han entregado «de forma gratuita» las cajas de ahorro a los fondos de reptiles, a los fondos de pensiones, a la banca privada y a todos aquellos que han provocado las consecuencias más graves de esta crisis. A su juicio, se ha dejado pasar un gran oportunidad para contar con una banca pública en condiciones, que en estos momentos sería más necesaria que nunca para sacar al país de la situación económica en la que se encuentra.
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha querido agradecer a todos los grupos el trabajo que han desarrollado en la tramitación de la norma, apuntando que al tramitarse como proyecto de Ley, se posibilitado enriquecerla y mejorarla. Ha manifestado que esta ley completa en Andalucía una de las reformas fundamentales que el Gobierno central ha impulsado, como es la reestructuración del sistema financiero y, particularmente, el de las cajas de ahorro. Se persigue, según ha apuntando, que el sector financiero salga fortalecido y pueda cumplir con la función de ser proveedor de financiación al conjunto de la economía y de la sociedad. Se trata, según ha recalcado de fortalecer las cajas como entidades de crédito y facilitar el flujo de crédito a la economía productiva.
CONTENIDO DE LA LEY
La nueva Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía tiene como objetivo, al igual que la Lorca, fortalecer el sistema financiero y facilitar el flujo de crédito mediante la capitalización de las entidades y la profesionalización de su gestión y de sus órganos de gobierno.
Para reforzar la capitalización y facilitar el acceso a recursos financieros en iguales condiciones que el resto de las entidades de crédito, el Decreto-Ley regula las figuras de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP); el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de entidades bancarias, y la transformación en fundaciones de carácter especial que gestionan la obra social.
Estos tres modelos organizativos deberán acordarse por una mayoría reforzada de dos tercios en la Asamblea General. En el caso de las dos primeras opciones, la autorización corresponde a la persona titular de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, mientras que la tercera será autorizada por el Consejo de Gobierno.
La caja que se convierta en fundación de carácter especial estará bajo el protectorado de la Consejería, que tendrá derecho a designar un representante en su Patronato. Este órgano, integrado por un máximo de 20 miembros, deberá reflejar en su composición la misma proporcionalidad de grupos públicos y privados que figuraban en los órganos de gobierno de la caja transformada. Los representantes originarios podrán formar parte del primer Patronato de la nueva fundación y permanecer en el cargo por el tiempo que les reste hasta la finalización de sus mandatos.
Respecto a los porcentajes de representación de los diferentes grupos en los órganos de gobierno, las corporaciones municipales reducen su proporción del 22 por ciento al 15 por ciento, mientras que la Junta de Andalucía pasa del 15 al 12 por ciento.
Por el contrario, incrementa su peso (del 8 al 18 por ciento) el grupo englobado bajo la denominación ‘Otras Organizaciones’, en el que se incluyen los colectivos con representación en el Consejo Económico y Social de Andalucía (empresarios, sindicatos, economía social y consumidores, entre otros).
Por su parte, mantienen la misma representación los impositores (27 por ciento), los empleados (15 por ciento) y las entidades fundadoras (13 por ciento). No obstante, en el caso de que en este último grupo se incluyan también entidades privadas, su cuota participativa será del 18 por ciento, reduciéndose la representación de los impositores y del grupo ‘Otras Organizaciones’ al 25 por ciento y al 15 por ciento, respectivamente.
En relación con las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno, la nueva ley prohíbe la percepción simultánea de dietas y sueldos. En el caso de la modalidad SIP y del ejercicio indirecto de la actividad a través de entidad bancaria, tampoco se permiten los sueldos o indemnizaciones dobles (una por la caja y otra por la entidad bancaria). Estas retribuciones , que deberán ser aprobadas por las asambleas generales de las cajas de acuerdo con criterios de austeridad, no podrán ser en ningún caso superiores a las fijadas para el Presidente de la Junta de Andalucía.
En consonancia con la legislación estatal, la norma aprobada este jueves prohíbe que se lleven a cabo renovaciones totales de los órganos de gobierno de las cajas tras la finalización de sus mandatos de seis años. Esta medida también se aplica en el caso de conclusión de los periodos transitorios de órganos de gobierno en procesos de fusión para la creación de nuevas entidades.
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