RRHH Digital. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación de oficio contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, para determinar si incurrió en delito penal en su gestión de la caja de ahorros, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.
Las pesquisas de Anticorrupción se centran en los informes emitidos por los interventores del Banco de España y los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que describen las presuntas irregularidades cometidas por Amorós.
En especial, se analizan las causas por las que el pasado 28 de septiembre el Banco de España le impuso un despido disciplinario sin derecho a indemnización y los términos de pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, que pactó con el expresidente de la caja Modesto Crespo.
Las mismas fuentes de la Fiscalía explicaron que, por el momento, han solicitado más información sobre la caja alicantina al Banco de España para determinar si las presuntas infracciones cometidas por la exdirectora de la CAM se puede encuadrar dentro del Código Penal.
El caso está en manos del fiscal José Miguel Alonso y si finalmente se deriva en la presentación de una querella contra Amorós, lo más probable es que se presente ante la Audiencia Nacional.
Por el momento, existe ya una querella contra ella ante estos juzgados y dos más presentadas ante los Juzgados de Instrucción de Alicante y Valencia por presuntos delitos de falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos. Todas ellas está pendientes de admisión a trámite.
Los gestores del FROB solicitaron el despido al considerar que Amorós «actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia», así como por «falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad» y por llevar a cabo una «deficiente gestión».
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta ahora seguía cobrando su sueldo.
Además, Amorós acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.
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