Recursos Humanos Digital. La Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones (Faitel) ha advertido este lunes de la pérdida de 20.000 empleos por la intrusión de antenistas ilegales en Andalucía.
Según una nota de Faitel, a finales de 2010 había 1.750 empresas establecidas en el territorio andaluz inscritas del sector de instalaciones de telecomunicaciones en el Registro Oficial del Ministerio de Industria. Si bien, en el primer semestre de 2011, 460 de estas entidades han cerrado.
El cierre de estas empresas ha provocado más paro. El sector arroja en Andalucía cifras negativas que suman unas pérdidas netas de empleo desde 2009 cercanas a los 20.000 empleos. Así, el director de Faitel, José Manuel Muñiz, esta pérdida significa en términos reales lo mismo que si hubiésemos destruido completamente la industria aeronáutica andaluza y parte de sus empresas auxiliares».
Estas cifras han desatado la puesta en marcha de una campaña contra los instaladores ilegales de telecomunicaciones, los llamados ‘antenistas’ que, bajo el lema, ‘Yo voy de legal ¿Y tú?’, arranca este lunes y se prolonga hasta el próximo sábado 29.
La campaña, promovida por Faitel, tiene el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Facua-Consumidores en Acción y Asepeyo, en representación de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Antonio Moya, adjunto a la secretaría general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cree que la pérdida de casi 20.000 puestos de trabajo en el sector «es suficiente como para que produzca preocupación. Todo el esfuerzo que las empresas hacen se ve deteriorado por esta competencia desleal que supone el trabajo sumergido. La Administración suele dar pocos datos. Pero distintos expertos hablan de entre un diez y hasta un 20 por ciento en Andalucía».
Moya cree que los servicios de inspección son «a veces escasos» para detectar el fraude de los instaladores ilegales. «Lo que sí nos gustaría es que por parte de la administración se investigue más aquel trabajo clandestino y no tanto a las empresas que normalmente llevan a cabo su actividad con transparencia. Necesitamos que todos los segmentos de la sociedad administración, consumidores y empresas luchemos contra este trabajo irregular y sumergido que a todos nos perjudica».
Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, explica que quien contrata un instalador ilegal pierde al instante la garantía del trabajo y la posibilidad de reclamar. «Si somos conscientes de la existencia de un antenista ilegal, lo que tenemos que hacer no es no contratarlo sino además denunciarlo ante la patronal del sector y las asociaciones de consumidores para que sea investigado por la administración competente».
En el sector de los servicios ajenos de prevención en riesgos laborales, Juan Moreno Ramírez, director territorial de Servicios de Prevención laboral Asepeyo, explica que «cuando una comunidad de propietarios o un particular contrata a un antenista ilegal, se convierte en promotor de una obra, pequeña o grande, pero una obra».
En caso de accidente del trabajador ilegal con resultado de muerte la multa puede alcanzar los 600.000 euros. Además tiene responsabilidad de tipo penal, que puede alcanza los tres años de cárcel, «porque te pueden acusar de homicidio involuntario en caso de que el trabajador fallezca».
A todo ello hay que sumar la responsabilidad civil (que se caiga una antena y dañe al trabajador o a alguien que pase en ese momento por la calle). Esta la determina el juez, «pero también suele ser muy alta»; particulares y comunidades de propietarios también incurren en responsabilidad laboral, que obliga al pago de entre el 30 y el 50 por ciento del coste de la curación del daño que se haya producido en ese trabajo. Para Juan Moreno, «muy poca gente está preparada como para saber en el lío que se puede meter. No son conscientes de las grandes responsabilidades que se asumen».
SEGURO DE 300.000 EUROS
El Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación establece que los requisitos que se exigen para la prestación de este tipo son cualificación técnica adecuada; disponibilidad de los medios técnicos apropiados; tener contratado un seguro de responsabilidad civil subsidiaria con cobertura mínima de 300.000 euros por siniestro, que cubra los posibles daños que pudieran causar a las redes públicas de telecomunicaciones o al dominio público radioeléctrico por defectos de instalación o mantenimiento de los equipos; estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social; haber realizado el pago de la tasa por inscripción en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación.
El director de Faitel aclara que la totalidad de los llamados ‘antenistas’ no cumplen ninguno de los requisitos exigidos por la ley. «Ni tienen cualificación ni estudios para abordar las averías, sobre todo porque no tienen los medios para repararla, y, además si ocurre algo, las empresas autorizadas tienen un seguro de responsabilidad civil subsidiaria de 300.000 euros para cubrir daños a los propietarios y a terceros».
El listado de empresas autorizadas para la instalación de equipos y sistemas de comunicaciones pueden consultarse en el Registro habilitado a tal efecto por el Ministerio de Industria.
Ante esta situación, Faitel pide a la administración una reunión «urgente» a fin de coordinar esfuerzos para frenar la economía sumergida en el sector. A juicio de José Manuel Muñiz «aquellos que tienen la facultad y el deber tendrían que extremar los controles sobre estos ilegales que tanto daño están haciendo a las pymes».
Para asegurarse de que un instalador de telecomunicaciones es legal, se debe solicitar el número de registro en el Ministerio de Industria y Comercio, cifra numérica que lo convierte en empresa autorizada. Las empresas registradas pueden encontrarse en la web del ministerio.
Cuando haya terminado el trabajo debe entregar al cliente en todos los casos y sin excepción el Boletín de Instalación, que es el único documento oficial que certifica que el trabajo ha sido ejecutado por una empresa instaladora de telecomunicaciones registrada.
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