Recursos Humanos Digital. Como cada año desde 2006, cuando la Confederación Sindical Internacional (CSI) aprobó en su Congreso fundacional celebrado en Viena, la celebración de una Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD), los trabajadores se movilizaran en todo el país para reclamar que se sitúe en primer lugar a las personas, y por tanto al empleo y a las prestaciones sociales, la defensa de los servicios públicos fundamentales, en particular la educación y la salud, y el derecho a la negociación colectiva.
Las Jornadas Mundiales por el Trabajo Decente han tratado de llamar la atención a los poderes políticos y económicos, nacionales e internacionales, y a las sociedades, sobre las muy difíciles condiciones en que el modelo neoliberal de globalización mantiene a una mayoría de la población trabajadora de nuestro planeta. También han tenido un carácter reivindicativo en su exigencia de universalización de los derechos fundamentales del trabajo.
La CSI considera, desde una posición internacionalista, que sólo la lucha en común de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo por el trabajo decente permitirá alcanzar los derechos del trabajo y una vida digna a quienes hoy no la tienen y, al tiempo, mantenerlos a quienes los han alcanzado y se ven sometidos, hoy, en los países desarrollados, a una fuerte ofensiva para deteriorarlos.
La profunda crisis económica mundial que desde 2008 padecemos, provocada por la codicia sin límites de los especuladores financieros e inmobiliarios y la falta de regulaciones económicas y de gobierno democrático del mundo, ha producido un notable incremento del desempleo y un deterioro de las condiciones de trabajo en la mayoría de las naciones. Se han perdido cerca de 40 millones de empleos; el número de personas sin trabajo ha subido a 205 millones, y el de trabajadores precarios a 1.450 millones, casi la mitad de quienes trabajan en el mundo. En Europa el número de parados asciende a 23 millones y en España rondamos los cinco millones, entre ellos el 46% de los jóvenes menores de 25 años.
La despiadada pérdida de empleo está privando a la clase trabajadora de su fuente básica de ingresos, y algunas reformas adoptadas por los Gobiernos al dictado de los intereses de los poderes y mercados financieros están atacando los tres pilares del trabajo decente: derechos, protección social y negociación colectiva. El desempleo, el paro de larga duración, el crecimiento de la temporalidad y la precariedad… están incrementando las desigualdades sociales y empujando a un número creciente de personas a situaciones de pobreza y exclusión.
En España, la reforma laboral de 2010, la eliminación del límite al encadenamiento de contratos temporales y el nuevo contrato de formación para jóvenes aprobados por el Gobierno en el límite de su mandato, junto con la pérdida de cobertura de la protección por desempleo como consecuencia de la prolongación de la crisis, y los drásticos recortes del gasto público que están aplicando Comunidades Autónomas y ayuntamientos y que amenazan el mantenimiento de servicios y prestaciones sociales básicos, están rebajando las condiciones de vida de los ciudadanos y pueden llevarnos a una quiebra social injustificable.
Por último, el salario, uno de los principales indicadores del trabajo decente, muestra tendencias de evolución igualmente preocupantes: si en 2008 el porcentaje de quienes tenían un salario igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era del 8,9 por ciento, en 2009 ese porcentaje subió hasta llegar al 10 por ciento sobre un total de 15.256.200 asalariados. Más de uno de cada cinco trabajadores con baja remuneración (21 por ciento) vive en hogares con ingresos que están por debajo del umbral de pobreza.
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