Recursos Humanos Digital. Joan Laporta ha pasado de saborear las mieles de la gloria deportiva y política, a acercarse al hedor de la ruina económica. El ex presidente del FC Barcelona se arriesga al embargo casi total de sus propiedades si antes del viernes no abona los casi 2’5 millones de euros que deben ejecutar como parte del aval de 23’5 millones de euros que la demanda de un socio del equipo blaugrana le exige como respuesta a las deudas generadas en su primer año de mandato.
Esta acción se encuadra dentro de la guerra que mantiene la actual junta directiva liderada por Sandro Rosell y el anterior dueño del sillón presidencial. Esa es, al menos, la sospecha que sostiene Laporta.
Según el líder de Solitaritat Catalana, la demanda impulsada por el socio Vincenç Pla no es una acción inocente, sino que detrás de ella se encuentran los actuales mandatarios culés, enemigos íntimos desde que el propio Rosell abandonara la directiva blaugrana por las diferencias que mantenía con sus compañeros de palco.
Sea como fuere, sea cierta o no esta teoría de la conspiración, lo cierto es que Laporta no dispone del dinero suficiente para afrontar este pago.
Esto es: llegado el viernes, y al no disponer de dinero suficiente para abonar los 2’5 millones de euros que se le exigen, se ejecutará una orden de embargo que podría acabar con la pérdida de buena parte de sus bienes.
Las claves del caso
Laporta, al igual que el resto de sus compañeros de junta implicados en la citada demanda, tuvo que avalar las cuentas blaugrana con su propio patrimonio nada más ser nombrado presidente culé.
Este es un mecanismo usado en los clubes que no son sociedades anónimas para evitar que sus dirigentes jueguen con un capital que no es de su propiedad, sino de los socios del club.
Laporta y los suyos (Alfons Godall, Joan Boina, Rafael Yuste, Albert Perrín, Jaume Ferrer, Josep Cubells y Alfons Castro) aterrizaron en el Camp Nou una semana antes de que se cerrara el ejercicio en 2003. Esa temporada el Barça generó 165 millones de pérdidas y aunque el mandatario alegó que esa cifra no fue fruto de su gestión, sino de la anterior junta, la Audiencia de Barcelona estimó lo contrario.
En un principio, informa ‘El Confidencial’, la cantidad inicial que avalar era de 60 millones, pero se redujo a 23’5 millones de euros a repartir entre los citados mandatarios.
El punto clave de todo este lío jurídico se alcanza en 2006, cuando un socio del Barça exige ante la justicia que esa semana que media entre la llegada de Laporta al Barça y el 30 de junio de 2003 sea considerado como una temporada completo y que, por lo tanto, las elecciones deberían adelantarse.
Esta demanda triunfó en los tribunales con todo lo que ello suponía, además del adelanto electoral. Es decir: todo lo que sucediera a finales del ejercicio 2002-2003 quedaba bajo la responsabilidad legal de Laporta y los suyos. Entre otras cosas, las citadas pérdidas ante las que ahora debe responder el flamante diputado de la Generalitat de Catalunya.
La demanda de Rosell: 41 millones
No es la única causa que Laporta tiene abierta. Rosell y la actual directiva también demandaron al ex presidente después de que la asamblea general de socios de 2010 votara a favor de iniciar esta causa por la irregular gestión destapada a través de la famosa ‘due diligence’ que iniciaron los nuevos mandatarios.
Esta demanda tiene un valor más elevado que la anterior y alcanza los casi 41 millones de euros. En caso de salir adelante y triunfar (pese a las súplicas de Guardiola para que no fuera así), las deudas de Laporta se multiplicarían, agravando, más si cabe, su delicada situación económica.
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