RRHH Digital. CC.OO. ha anunciado la convocatoria de una huelga para el 27 de octubre en todos los centros de trabajo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que, según el sindicato, acumula ya un retraso de ocho meses en el abono de las prestaciones que gestiona por la plantilla «escasa y agotada» que está soportando una «desproporcionada» carga de trabajo.
Antes de la huelga, se llevará a cabo un proceso de movilizaciones, convocadas además de por CC.OO., por UGT y CSIF, que arrancará el próximo jueves 6 de octubre con paros parciales, que se irán desarrollando durante las próximas tres semanas.
Según CC.OO., tras el periodo vacacional, el retraso que se acumula en las oficinas del Fogasa ha crecido «de forma importante». En término medio y a nivel estatal, la gestión de un expediente de pago de salarios o de pago de indemnizaciones por despido no abonado por la empresa necesita de ocho meses para hacerse efectiva. «Un periodo de tiempo que se hace insufrible para quienes pierden su empleo y quedan con deudas pendientes de la empresa en la que trabajaban», subraya el sindicato.
Para CC.OO., las deficiencias de personal en el organismo son «extremadamente graves» y de no corregirse, pueden suponer, en el corto plazo, la «quiebra completa» de la gestión de un organismo fundamental para dar respuesta a la ciudadanía en los momentos de crisis por los que atraviesa la economía.
«La negociación que se ha intentado mantener ha fracasado de forma rotunda. Los responsables de la Administración General del Estado tienen la vista puesta en el proceso electoral y son incapaces de tomar ninguna decisión. Desgraciadamente, los expedientes se siguen acumulando, la población desempleada sigue pagando las consecuencias de esta pasividad y las condiciones de trabajo del personal de Fogasa se hacen insoportables», añade el sindicato.
EL GOBIERNO «QUIERE JUGAR AL DESPISTE»
Finalmente, denuncia que el Gobierno «quiere jugar al despiste» y ha propuesto, en el último real decreto-ley aprobado, la integración de los servicios del Fogasa y del servicio público de empleo estatal, organismo este último que paga las prestaciones por desempleo.
«La propuesta se realiza sin ningún tipo de análisis previo, sin garantizar los medios y recursos necesarios para que la integración funcione, sin planificación alguna, sin tiempo para gestionar el cambio y con un nivel de superficialidad que pueden poner en cuestión el pago de la totalidad de las prestaciones dirigidas a las personas en desempleo, nada menos que 31.500 millones de euros», concluye.
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