Recursos Humanos Digital. El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Visteon para la extinción de los contratos de toda la plantilla de su filial ‘Cádiz Electrónica’ incluye a cuatro directores y una ingeniero que no trabajan para la planta portuense, sino para otras sociedades del Grupo Visteon Corporation.
Así consta en una denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Cádiz por el sindicato CSIF, a la que ha tenido acceso Europa Press. Según detalla, entre estas personas figura A.C.S., «director» que «ejerce en la planta de Visteon en México sin tener ninguna relación con la planta de Cádiz».
La denuncia incluye a A.G.A. y M.S.B., ambos «directores» que ejercen «en la planta de Ford en Valencia, reportando directamente a la dirección europea de Visteon, sin tener ninguna relación con la planta de Cádiz». También se integra en este grupo a P.E.C., que ejerce desde la planta gaditana, pero reportando directamente a la dirección europea de Visteon.
De la misma manera, el sindicato apunta a R.T.M., una ingeniero que «ejerce en la planta de Ford en Valencia, reportando directamente a la dirección europea de Visteon sin tener ninguna relación con la planta de Cádiz».
Todos ellos cuentan con «elevadas retribuciones, emolumentos, dietas y complementos» que producen un «más que evidente impacto negativo en la estructura de costes de Cádiz Electrónica, constituyendo el 40 por ciento del total de directores de la nómina de la planta de Cádiz, cuando ni siquiera trabajan para Cádiz Electrónica, sino para otras sociedades del grupo».
INSOLVENCIA PUNIBLE
En la denuncia, se recuerda que la empresa solicita la extinción de todos los contratos alegando causas estructurales productivas, cuando «no acredita ni justifica ninguna», ya que el contenido de su argumentario se circunscribe exclusivamente a «causas económicas futuras».
Para CSIF es motivo del archivo del ERE la «falsedad» de la causa alegada, ya que el Grupo Visteon «tuvo beneficios en 2009 y 2010, y aún en la actualidad». Afirma que Cádiz Electrónica «nunca ha tenido pérdidas y sigue sin tenerlas», no habiendo, además, previsión de que fuera a tenerlas en el ejercicio 2011. De hecho, «a fecha de 1 de mayo presentaba un beneficio de 1,1 millones de euros».
En el texto se hace mención especial al año 2008, cuando Cádiz Electrónica no sólo «asumió deudas de otras fábricas del grupo por valor de 15,5 millones de euros», sino que además «le imputaron, indebidamente, las pérdidas de 5,38 millones de euros por la venta de la fábrica de Almussafes (Valencia) perteneciente al grupo, pero que nunca fue de Cádiz Electrónica».
Asegura que hasta final de junio de 2011 -cuando la empresa comunicó su intención de cerrar-Cádiz Electrónica ha estado cotizando otros productos , habiéndose adjudicado nuevos contratos y estando pendiente de la contestación de otros. Señala que los contratos de producción ganados hasta final de junio de 2011 «garantizan actividad hasta 2019».
Concluye exponiendo, entre otras cosas, que con la producción contratada en la actualidad y sin llevar a cabo la adopción de ninguna medida, y suponiendo que no se lograra ningún otro contrato, Cádiz Electrónica «seguiría teniendo beneficios hasta junio de 2012». Añade que «la adecuación de la plantilla a la carga de trabajo en junio de 2012 permitiría seguir manteniendo beneficios en lo sucesivo».
Además de la insolvencia punible que supondría lo expuesto, CSIF denuncia también ante la Administración laboral coacciones y amenazas, hechos que podrían ser constitutivos de una posible conducta antisindical, así como la falta de ocupación efectiva que supone que desde el 23 de junio la plantilla sólo tenga una ocupación de «en torno al 15 por ciento», lo que constituye «una falta muy grave».
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