RRHH Digital. La Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción en materia laboral en la que se propone imponer a Cádiz Electrónica, filial de Visteon, una sanción por una infracción calificada de «muy grave», tras el anuncio de cierre de su planta de El Puerto.
Así lo comunicó ayer el consejero de Empleo, Manuel Recio, durante su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que ha detallado que esa infracción está derivada de «haberse constatado que la dirección de la compañía no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la ocupación efectiva de la plantilla».
A ello se suma el hecho de «no recuperarse la actividad productiva ordinaria» que se realizaba en esta planta antes del 23 de junio, fecha del anuncio de cierre por «la falta de entrada de componentes necesarios para la fabricación de productos» y centrarse en la factoría de Palmela (Portugal) todas las operaciones relacionadas con proveedores y clientes.
El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, aclaró que la cuantía asciende a 150.000 euros y se trata de «la mayor multa que se puede poner por no dar ocupación a la plantilla cuando aún no se ha consumado el cierre». Además, agradeció el trabajo llevado a cabo por la Inspección, que emitió este dictamen el pasado julio.
Durante la comisión, el consejero del ramo aseguró que «se ha producido un cese de la actividad en la empresa sin haberse obtenido autorización alguna de la autoridad laboral». Avanzó también que ese cese fue, «prácticamente total» y estuvo cercano al 80 % de la actividad normal de la planta, mientras que se facilitó ocupación efectiva únicamente a un 20 % de la plantilla.
La representación de la empresa formuló alegaciones el pasado 22 de agosto en relación con el acta de infracción, por lo que está pendiente la resolución de este procedimiento.
Por su parte, la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero mostró sus «dudas» sobre la gestión y criticó que se reuniera a solas con el comité de empresa y no cuando lo hicieron PP e IU conjuntamente, por lo que preguntó a Recio «si intenta en reuniones privadas hacer falsas promesas y trasladar engaños a los trabajadores».
La parlamentaria gaditana afirmó que «de nada sirve ralentizar la tramitación» del ERE y sostuvo que en este caso «hay muchas incógnitas». Por eso mismo solicitó a la Junta que explique si se está trabajando para buscar inversores y si se coordina con el Gobierno central para evitar el cierre de empresas en la provincia.
El portavoz de IU Ignacio García insistió, por su parte, en que «el problema va más allá de la tramitación burocrática» e instó al Gobierno andaluz a «hacer algo más que vigilar una determinada documentación o que se cumplen unos trámites en plazo». García preguntó además «qué ocurre en Andalucía para que «una multinacional anuncie el cierre de una planta a la vez que realiza una inversión de 800 millones de euros en otra de Valencia».
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