RRHH Digital. Un total de 34 inversores han solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada el embargo preventivo de bienes al fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y su sobrino Zoilo Pazos, al entender que, con un déficit patrimonial de 618,26 millones de euros, el concurso de acreedores de Dhul acabará en liquidación y con declaración de culpabilidad.
Los inversores, representados por el despacho Llort Abogados, consideran que se ha constatado que los Ruiz-Mateos «han venido cometiendo irregularidades graves en la contabilidad» y que las «alteraciones» contables realizadas perseguían simular una situación patrimonial distinta.
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, hacen hincapié además en que los gestores de Dhul «no tuvieron reparo» en registrar la marca Dhul a nombre de una sociedad (Lerton Holding, Inc), que no guarda relación desde el punto de vista funcional con el grupo.
En cualquier caso, sostienen que «si hay una conducta determinante de la culpabilidad es la detracción sistemática e inmediata de toda la liquidez que Dhul consigue generar».
En opinión de estos inversores, tanto el fundador de Nueva Rumasa, como sus hijos y su sobrino «han participado en alguna medida en la generación o agravación de la insolvencia», por lo que entienden que la calificación de culpabilidad y el embargo preventivo debe alcanzarles a todos.
RIESGOS
Entre los riesgos que Llort Abogados incluye en el apartado de ‘periculum in mora’ del escrito, alude a la cesión de derechos de cobro de eventuales indemnizaciones por la expropiación de la antigua Rumasa y al anuncio de la venta del holding a una sociedad del empresario Ángel de Cabo, así como a la querella criminal interpuesta por algunos acreedores ante la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitió a trámite la citada querella e impuso a los Ruiz-Mateos una fianza de 13 millones de euros.
Junto al embargo cautelar de bienes a los citados miembros de la familia Ruiz-Mateos, la treintena de inversores solicita igualmente que la administración concursal interponga una acción social de responsabilidad contra ellos.
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