RRHH Digital. El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, ha apostado por reducir el número de los actuales 8.114 ayuntamientos, así como repensar el papel de las diputaciones provinciales e instituciones insulares equivalentes.
Durante la presentación del ‘Libro Marrón’ del organismo, bajo el título de ‘Cómo reformar las Administraciones Territoriales’, Boada consideró «excesiva» la cifra actual de ayuntamientos y añadió que en otros países europeos que han optado por la eliminación de algunos de ellos se han generado «virtuosas economías de escala».
Además de estas propuestas, abogó por establecer un techo de gasto en las administraciones autonómicas, por avanzar en la suficiencia y responsabilidad fiscal de las mismas y por «replantear el mapa competencial» en lo relativo a las diputaciones y cabildos insulares.
Boada indicó que el Círculo de Empresarios ha sentido una sensación «agridulce» con la reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, dado que por un lado lamentan que se haya tenido que recurrir a la Carta Magna para asegurar el equilibrio presupuestario ya incluido en otras leyes, pero por otro lado se alegran de que los dos grandes partidos políticos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en algo.
Por su parte, el expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, que ha prologado el ‘Libro Marrón’, destacó que la crisis económica ha puesto en evidencia «con absoluta crudeza» la imposibilidad de seguir manteniendo la actual estructura de un Estado donde las funciones y órganos se superponen «duplicándose o incluso triplicándose».
CLIENTELISMO PARTIDARIO
«Donde las competencias se ejercen sin tener la titularidad, careciendo por tanto de los recursos presupuestarios, o donde, por ejemplo, el acceso a la carrera administrativa se ve sustituido por un arbitrario sistema de contratación directa, al servicio por desgracia muchas veces de un clientelismo partidario», subrayó.
Para Vázquez, es una «falacia» que la crisis económica actual sea la única causante de la imposibilidad de seguir manteniendo el nivel de gasto en las administraciones, sino que más bien ha sido el «detonante». «Las reformas son una necesidad perentoria y urgente y para llevarlas a cabo sólo falta decisión política», indicó.
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