RRHH Digital. UGT ha denunciado que, aunque se ha incrementado un 12% el número de enfermedades profesionales durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2010, con 10.517 casos, todavía se produce una infradeclaración de las mismas, muchas de las cuales pasan como comunes, con el consiguiente sobrecoste para el Sistema Público de Salud, por el miedo a perder el trabajo.
Según el informe elaborado por el sindicato, de estas enfermedades declaradas, 5.201 causaron baja (+3%), y en otros 5.316 casos no fue necesario (+22% más). Además, destaca que 89 empresas han superaron los límites de siniestralidad permitidos, frente a las 62 del mismo periodo de 2010.
Estas cifras están lejos de las de 2006, año en el que se aprobó el nuevo sistema de notificación y registro, para evitar precisamente la infradeclaración de enfermedades profesionales y que éstas fueran tratadas como enfermedad común.
Así, en los seis primeros meses de 2011 se han declarado 3.240 enfermedades profesionales menos que hace cinco años. En concreto, se han declarado un 56% de enfermedades profesionales con baja menos que entonces, aunque se han registrado 161% más de enfermedades profesionales sin baja.
UGT considera que estos datos se deben más al temor que tienen los trabajadores en la situación actual a perder su puesto de trabajo si tienen que solicitar una baja, que a la aplicación de medidas preventivas en el seno de las empresas.
UGT asegura además que habría muchas más enfermedades profesionales si se reconocieran como tales las patologías no traumáticas causadas por el trabajo (que ascienden a 6.372 casos en este periodo) y las enfermedades que derivan de los riesgos psicosociales.
Para acabar con la infradeclaración de las enfermedades profesionales UGT demanda el cumplimiento estricto del Real Decreto de Enfermedades Profesionales, destinado precisamente a hacer que salgan a la luz este tipo de enfermedades; la inclusión en la futura Ley de Salud Pública de un apartado concreto de salud laboral que mejore los mecanismos de defensa de la salud de los trabajadores; adoptar en el cuadro de enfermedades español la lista de enfermedades profesionales reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y mejorar el sistema de gestión de las mutuas, entre otras medidas.
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