RRHH Digital. La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid retomará este lunes las declaraciones a los controladores aéreos imputados por abandonar sus puestos en los centros de trabajo de Barajas y Torrejón de Ardoz y provocar el cierre del espacio aéreo los pasados tres y cuatro de diciembre.
La juez María del Sagrario Herrero reanuda así la ronda declaraciones, iniciada el pasado mes de julio, que se prolongarán durante los días 13, 15, 19, 20 y 26 de septiembre. La juez imputa a un total de 16 controladores aéreos por presuntos delitos de sedición, coacciones, abandono del puesto de trabajo y secuestro de pasajeros.
Las comparecencias se producen en el marco de la investigación por lo ocurrido en los aeropuertos de la región entre los días tres y cuatro de diciembre del año pasado, hasta las 12:30 horas, momento en el que el Gobierno decretó el estado de alarma.
Los controladores que comparecieron el pasado mes de julio explicaron a la juez que abandonaron sus puestos de trabajo por razones el estrés laboral que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno de cambio de las condiciones laborales del colectivo y negaron que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto.
Por su parte, en su declaración, el presidente de USCA, Camilo Cela, que representa al 90% del colectivo, declaró que «el único responsable» del caos aéreo fue la empresa pública AENA por los cambios impuestos al colectivo.
En la demanda, presentada por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 8.000 afectados, se reclama una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero, cuyo plazo de adhesión finaliza el próximo 3 de diciembre.
Los demandantes exigen responsabilidades a los controladores por los daños provocados por el caos aéreos, que afectó a cerca de 600.000 pasajeros durante el pasado puente de la Inmaculada.
Asimismo, junto a la acusación particular en el proceso penal, los abogados de los afectados presentarán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros.
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