Recursos Humanos Digital. Los trabajadores de Urbanos Amarillos, la concesionaria de autobuses urbanos de Jerez, inician hoy su cuarta semana de huelga en un ambiente «caldeado» y de «desánimo» ante la «falta de soluciones» en un conflicto que está a punto de cumplir un mes.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, José María Romero, ha explicado que este lunes reanudarán los paros tras el paréntesis del fin de semana y han convocado dos nuevas «marchas-protestas» para el martes y el jueves por las calles de la localidad jerezana.
Asimismo, Romero ha explicado que la empresa no descarta «marcharse de la ciudad» y ya ha solicitado una reunión con el Consistorio jerezano para abordar el conflicto laboral, desde la que le han transmitido que «no nos pueden ingresar las nóminas hasta que el Ayuntamiento les pague».
De igual manera, desde el comité de empresa han mostrado su «preocupación» porque la plantilla está a punto de acumular «otro mes más sin cobrar y ya son cuatro» y «nadie hace nada», mientras a los trabajadores «se les van quedando cada mes más letras por pagar en sus casas».
Por otra parte, el representante de los trabajadores también ha lamentado el incidente que ha sufrido uno de los autobuses de la empresa Los Amarillos, tras ser incendiado en la madrugada del viernes, y ha mostrado sus deseos de que las investigaciones de la Policía «aclaren los hechos» para evitar que «nos lo carguen a nosotros».
En este sentido, Romero ha defendido la «ausencia de incidentes» en las manifestaciones paralelas a la huelga que la plantilla ha realizado en el último mes desde que inició los paros.
Hasta el momento, Urbanos Amarillos tiene pendiente con los trabajadores el pago de las nóminas de junio, julio y la paga extra de verano, a lo que hay que sumar los más de 4.000 euros que adeuda la anterior concesionaria a cada empleado.
Tras el parón del fin de semana, cuando el servicio funciona «con normalidad», este lunes sólo circulará un autobús por línea en cumplimiento de lo contemplado por la ley para los servicios mínimos.
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