82 de los 172 inscritos en el registro oficial de afectados por amianto siguen expuestos

RRHH Digital. Las estimaciones realizadas por UGT en febrero, coincidiendo con el inicio de una campaña informativa sobre la exposición al amianto se quedaron cortas. En aquel momento, el departamento de Salud Laboral del sindicato cifró en 200 el número de burgaleses afectados por amianto. Cuatro meses después, el registro epidemiológico de la Junta de Castilla y León incluye a 172 trabajadores, de los cuales 82 se encuentran en activo con exposición actual y el resto lo han estado en algún momento de su carrera profesional.

En abril de 2007, el Gobierno regional puso en marcha el Plan de Actuaciones Sanitarias en personas con exposición al amianto, mineral nocivo que fue usado de forma generalizada en los años 80 y 90. El objetivo del programa pasa por mejorar el nivel de conocimiento de los problemas de salud relacionados con este material, impulsar la detección precoz de enfermedades y fomentar la asistencia integral y la mejora de la calidad de vida de los afectados, así como apoyar el reconocimiento legal de la enfermedad.

Pero no todos los trabajadores inscritos en el censo de la Junta participan en este plan. Según el registro oficial, no existen datos de vigilancia en 57 de los 82 burgaleses que siguen en activo, mientras que entre los 25 que tienen ficha médica el Servicio de Prevención ha detectado un caso con patología EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta tendencia cambia en aquellos que ya están fuera del mercado laboral. Así, 84 de los 90 casos ‘pasivos’ realizan un seguimiento médico y en uno se ha detectado una patología relacionada con el amianto, placas de fibrosis quística.

Junto al censo de afectados, el Gobierno regional cuenta con un Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), aquellas que se han dedicado o se dedican a trabajar con materiales que contengan amianto sobre todo en operaciones de mantenimiento, derribo o desmontaje, ya que este mineral está prohibido desde 2002. A fecha del pasado 31 de marzo, 103 empresas de Castilla y León figuran en este censo, 26 en Burgos.

Los datos del registro no han sorprendido a UGT. Es más, las campañas realizadas en los últimos meses han disparado el número de consultas. Según fuentes sindicales, los afectados en la provincia pueden llegar a los 1.000.