Cataluña plantea a sus funcionarios más horas de trabajo para evitar recortes

RRHH Digital. Los funcionarios catalanes ya se ven víctimas de nuevos recortes salariales o, como mínimo, de reducciones de jornada con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. El aviso definitivo lo lanzó ayer el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, quien llamó a la «cooperación solidaria en el sector público» y anunció que a los funcionarios es posible que se les pida que trabajen «lo mismo por un poco menos». Aunque el consejero no habló de rebaja de sueldos generalizada, el Gobierno catalán pretende que los sindicatos acepten medidas que permitan rebajar la masa salarial minimizando los despidos en el sector público.

Durante una conferencia en la escuela de negocios Esade, Mas- Colell apuntó el camino a seguir, pero sin concretar. Habló de «modificar jornadas». «Puede implicar trabajar un poco más, 10 o 15 minutos al día, o trabajar un poco menos cada día pero tener menos vacaciones», dijo. La idea, en cualquier caso, es alargar el total del horario laboral (más días y menos vacaciones), aunque se redujese la jornada diaria.

Mas-Colell advirtió: «2011 es un año difícil y 2012 no será fácil, lo que hay que hacer hay que hacerlo, no tenemos más, mejor hacerlo minimizando los riesgos y las medidas más dolorosas: distribuyendo el dolor entre todos». Medidas que apuntó, ya se están hablando en «mesas de diálogo», se entiende que con los sindicatos.
Recortes draconianos

El mensaje del Gobierno de CiU llega en un momento en que se están preparando expedientes de regulación de empleo en diferentes empresas públicas al tiempo que se van concretando draconianos recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Todo después de anunciar que se eliminaría el impuesto de sucesiones a las rentas más altas con una pérdida de ingresos de entre 50 y 150 millones. Se han cerrado plantas enteras de hospitales, quirófanos y muchas escuelas públicas harán una hora menos de clase el curso que viene.

El objetivo es acabar el año habiendo gastado un 10% menos que en 2010, ejercicio que la Generalitat cerró con un déficit del 3,9%, muy por encima del 2,4% pactado. Para 2012 ya se anuncian nuevos recortes y el Gobierno de CiU está buscando la fórmula para sensibilizar a la opinión pública. La medida de recortar sueldos y «privilegios» a los funcionarios puede ser bien recibida por el electorado, entiende CiU. También el PP, socio preferente de CiU en Cataluña, ve con buenos ojos este tipo de medidas. Por ejemplo, condicionó su apoyo a los Presupuestos catalanes a que se reduzca un 10% las aportaciones a las empresas de la Generalitat, donde trabajan muchos empleados públicos.

De momento, el aviso es que para reducir el número de despidos de personal laboral e interino en las empresas públicas y la Administración habrá que aceptar sacrificios. Será complicado llegar a acuerdos con los sindicatos, puesto que los funcionarios ya vieron reducido un 5% su salario el año pasado y se lo han congelado en el presente ejercicio.

Los sindicatos se resisten a aceptar estas medidas del Gobierno porque aseguran que los funcionarios ya están trabajando más porque no se están cubriendo ni jubilaciones ni los interinos de los que se ha prescindido.

Desde CC OO, Josefina Pujol, reprochó a Mas-Colell que lanzara las advertencias en una conferencia «creando alarmismo» y no «en los marcos de diálogo existentes». Encarna Fernández, de UGT, arremetió contra el consejero porque «están pagando la crisis los trabajadores que no tienen la culpa y son los que menos tienen».

El Gobierno defiende la idea para preservar los servicios públicos. Y pone como ejemplo los acuerdos de recorte salarial alcanzados en los medios públicos catalanes y en centros sanitarios: «Si los trabajadores trabajan 10 o 15 minutos más al día la prestación pública tendrá la misma calidad, la única diferencia es que el salario real habrá bajado un poco», aclaró el consejero Mas-Colell.

La alarma provocada por esas palabras obligó a la consejera de Gobernación, Joana Ortega, a recordar que el Gobierno de Artur Mas se comprometió a no reducir salarios este año.