RRHH Digital. El PP ha presentado en el Senado un centenar de enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones en las que plantea retirar la equiparación a partir de 2019 en los tipos de cotizaciones por contingencias comunes de los trabajadores del hogar en el régimen general de la Seguridad Social que abonan los empleadores, al considerar que podría suponer «consecuencias negativas» como el incremento del desempleo o de la economía sumergida.
El PP justifica su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, porque considera que pretender dicha equiparación comporta un aumento de los costes económicos «incongruentes» con las políticas dirigidas a favorecer la incorporación y permanencia en el mercado de trabajo de las mujeres, y a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
En el paquete de enmiendas el PP plantea además que durante el plazo pretendido por el Gobierno para equiparar ambos tipos de cotización, desde 2013 a 2018, no se incremente 0,90 puntos porcentuales al año, sino que lo haga en 0,1 puntos porcentuales, con lo que los tipos que los empleadores soportarían se quedaría en el 18,90%, en lugar del 23,60%.
Actualmente, en el Régimen General el tipo de cotización por contingencias comunes en 2011 es del 28,30%, y al empleador corresponde un 23,60%. Mientras, los titulares de hogares familiares cotizan por contingencias comunes un 18,30% sobre un tipo del 22% si contratan a una empleada de hogar.
El PP reprueba que la cuantía de incremento propuesta por el Gobierno elevará de forma «muy relevante» los costes económicos para los cabezas de familia o empleadores del Régimen General. «No parece justificado dado que éste no puede ser identificado con una empresa», subraya, para argumentar que el cabeza de familia carece de ánimo de lucro.
«Los incrementos de coste que se derivarían de la igualación de tipos de cotización a cargo del empleador del Régimen de Hogar con los tipos de cotización vigentes para las empresas podrían suponer pérdidas significativas de puestos de trabajo para actuales empleados de hogar y un incremento de la economía sumergida», advierte.
JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIZACIONES
Por otro lado, el PP apuesta por que aquellos trabajadores que hayan cumplido 63 años y acrediten 40 años de cotización puedan prejubilarse sin sufrir ninguna penalización. Además, apuesta por que si cumplidos estos dos requisitos el trabajador decide seguir trabajando se le incremente la pensión un 4% por cada año que trabaje más allá de la edad legal de jubilación.
Los ‘populares’ añaden que si el trabajador no acredita 40 años sino 38 años de cotización tendrá un coeficiente reductor sobre la pensión del 5,5% por año hasta la edad legal de jubilación.
Según la actual redacción, para poder prejubilarse voluntariamente a los 63 años es preciso demostrar un periodo de cotización de 33 años, si bien en este caso la pensión se reduce por cada trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, con un coeficiente del 1,875% por trimestre, para los trabajadores con menos de 38 años y medio cotizados, y del 1,625% para los de 38 años y medio o más cotizados.
Según el PP, esta enmieda «flexibiliza la edad de acceso a la jubilación», pero «deja en manos del trabajador la decisión y se premia las carreras más largas».
TODA LA VIDA LABORAL
Por otro lado, entre las enmiendas de los ‘populares’ se encuentran que los trabajadores tengan la posibilidad de que, una vez finalizado el periodo transitorio para que se aplique el nuevo cálculo de la base reguladora de la pensión en 2021, pasando de los últimos 15 a los últimos 25 años, puedan optar por incorporar toda su vida laboral si ello le resultase más favorable.
Asimismo, el PP incluye en el proyecto de Ley que los pensionistas tendrán derecho a la revalorización anual de sus pensiones conforme al IPC «con el fin de que no vean vulnerado tal derecho, por decisiones fruto de la coyuntura, como ha ocurrido recientemente por el Gobierno socialista».
Por otro lado, el PP propone elevar del 52% al 70% la base de cotización para la pensión de viudedad en general y hasta el al 90% cuando sea la única fuente de ingresos, frente al 60% que el PSOE pactó con CiU en el Congreso, nivel restringido además sólo para viudas que no tuvieran otros ingresos.
Entre las enmiendas, también plantea que las empresas que contraten de forma indefinida a mujeres desempleadas con hijos menores de un año tengan derecho a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social de 100 euros al mes.
Asimismo, el PP quiere retirar del proyecto de ley el acuerdo alcanzado entre el PSOE y CiU para que se ceda a las comunidades autónomos la propiedad de los inmuebles de la Seguridad Social que albergan centros sanitarios y servicios sociales que aquellas ya gestionan.
HOSPITALES CATALANES
El PP argumenta que es un «contrasentido» que si esta modificación se justificó para saldar las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado, sean ahora las comunidades las destinatarias finales de un patrimonio que debería revertir en la Administración Central.
Además, aunque admite que la medida «puede ser legal a efectos contables y presupuestarios,» debe consultarse con los agentes sociales esta decisión, que además considera de «dudoso interés» para los cotizantes de la Seguridad Social, que son los que costean la medida.
DATOS RESERVADOS SOBRE EMPRESAS Y TRABAJADORES
Por último, el PP propone que los datos de empresas y trabajadores en manos de la Seguridad Social tengan carácter reservado y sólo ose puedan pasar a terceros en casos como la investigación de posibles fraudes.
Esta enmienda se presenta después de que la coalición Bildu alcanzara el poder en varios ayuntamientos y en la Diputación de Guipúzcoa.
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