RRHH Digital. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un empresario asentado en Toledo junto a su pareja y su hija y otras 17 personas acusadas de vender falsos contratos de trabajo. La familia lideraba la trama que poseía de 20 sociedades «pantalla» a través de las cuales conseguían la documentación, daban de alta a trabajadores y también blaqueaban los beneficios obtenidos.
Se han intervenido varios sellos húmedos de diversos organismos oficiales como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o de diferentes Ayuntamientos de la provincia de Toledo; 28.000 euros en efectivo; más de un centenar de contratos de trabajo fraudulentos y una pistola del calibre 9 mm corto, entre otros efectos.
Según ha informado el Ministerio del Interior, por un precio entre 500 y 4.000 euros los detenidos proporcionaban los documentos necesarios para que inmigrantes regularizaran su situación en España y, en el caso de ciudadanos españoles, ofrecían lo necesario para acceder a prestaciones por desempleo y distintas subvenciones del Gobierno.
Así, a través de la red de empresas, se vendían contratos, nóminas, certificados de empadronamiento de distintas localidades y cualquier otro tipo de documentación que pidieran sus «clientes». El grupo criminal desarticulado estaba perfectamente organizado y jerarquizado. A la cabeza se encontraban un empresario, su pareja sentimental y su hija, ambas al frente de la oficina desde la que se centralizaban las operaciones. De igual modo, existía otro grupo de «socios» del principal investigado, con diversas sociedades a su nombre y dedicados tanto a captar nuevos compradores, como a facilitarles todo tipo de información y cobrar por los servicios.
Para colaborar en la captación de clientes, se delegaba en ciudadanos extranjeros encargados de atraer a personas de su misma nacionalidad. Este escalón obtenía una comisión por persona captada y permitía que la organización dispusiese de intermediarios de nacionalidad marroquí, venezolana, guineana, nigeriana o colombiana.
Las cantidades pagadas por dicha documentación oscilaban entre los 500 y los 4.000 euros, en función del tipo de documentos y de la capacidad económica del comprador. Los investigadores calculan el beneficio obtenido por la red en aproximadamente un millón de euros.
El empresario, cabecilla del grupo, disponía de su base de operaciones en la provincia de Toledo, aunque no figuraba ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre. Tomaba enormes medidas de seguridad, sobre todo en sus comunicaciones, de hecho, en el momento de su detención portaba consigo seis teléfonos móviles.
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