Recursos Humanos Digital. La obligación de que realizasen un examen para obtener carné fue una de las medidas estrella puestas en marcha por el exconsejero Granados.
La región cuenta desde este fin de semana con 500 nuevos controladores de acceso acreditados, entre los que se encuentran 488 hombres y tan sólo 12 mujeres, según el listado hecho público hace unos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, consultado por Europa Press.
El pasado 7 de mayo, un total de 542 aspirantes a controlador de acceso aprobaron el examen, lo que representó el 64 por ciento de los que se presentaron, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia.
El paso siguiente de los aprobados era presentar tres fotografías tamaño carné, un certificado original de antecedentes penales en vigor y una declaración jurada o promesa de carecer de antecedentes penales en el extranjero. En este proceso se han quedado sin carné 42 personas.
Tras este último corte, los 500 nuevos porteros podrán recoger su acreditación hasta el miércoles 29 de junio. De esta forma, ya hay en la región un total de 3.575 controladores de acceso acreditados tras los tres procesos de selección puestos en marcha por la Consejería de Presidencia.
Fue el anterior consejero, Francisco Granados, el que impulsó la normativa para la obligación de que el personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas pasara un examen para obtener un documento acreditativo. El requisito impuesto de que los aspirantes carecieran de antecedentes penales y que aprendieran una legislación básica sobre seguridad pretendía evitar sucesos como el homicidio del joven Álvaro Ussía a las puertas de una discoteca en noviembre de 2008.
Precisamente, fue éste suceso y el de la muerte a balazos pocos meses después de un portero y en un relaciones públicas a las puertas de una céntrica discoteca de la capital los que supusieron la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Administración regional para regular esta profesión.
Así, en las tres pruebas realizadas hasta ahora, los aspirantes realizaron dos ejercicios: uno de conocimientos a completar en 60 minutos, compuesto por 50 preguntas que versan sobre derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española, nociones básicas de delitos contra las personas y contra la libertad y seguridad, la omisión del deber de socorro, atentado o falta de respeto a la autoridad así como delitos contra la salud pública.
La segunda parte del examen consistió en un test psicotécnico o cuestionario de personalidad que evalúa factores de la personalidad como la estabilidad emocional, el cumplimiento de normas, la impulsividad y el autocontrol.
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