RRHH Digital. La Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, a través de la Oficina de Atención a la Víctima, ha puesto en marcha un programa para facilitar la incorporación en el medio laboral de personas que han sido víctimas de delitos de violencia de género, doméstica o intrafamiliar.
Asimismo, se ha llevado a cabo una reunión con los representantes de empresas riojanas que se han unido al programa, y a la que han acudido, entre otros, el consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar, y el gerente del Servicio Riojano de Empleo, Carlos Gonzalo.
Escobar antes de la reunión ha declarado a los medios de comunicación que se trata de un programa que tiene «un gran recorrido y un gran valor social». Ha recordado que el proyecto es una de las medidas incluidas en la Ley de Prevención, Protección y Coordinación institucional en materia de Violencia de La Rioja aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado mes de marzo.
Esta Ley, en su artículo 46, incorporaba el establecimiento de medidas específicas dirigidas al ámbito de la formación y el empleo, siempre bajo los principios del respeto a la intimidad de las víctimas. Igualmente se incluyen programas específicos para promover la integración sociolaboral de estas víctimas.
El programa permitirá mitigar los problemas de incorporación laboral con que se encuentran las víctimas de delitos de violencia de género, doméstica o intrafamiliar con el objetivo de que culminen su proceso de inserción, en un medio comunitario normalizado, desarrollando una vida plena en el ámbito profesional, después de haber trabajado aspectos más personales de los delitos padecidos.
«ESTABILIDAD LABORAL»
Con ello, ha expuesto Escobar se logra «cierta estabilidad en el ámbito laboral, y además también ayuda a aquellas víctimas que en alguna ocasión tienen que cambiar de lugar de residencia».
El programa va dirigido a las personas usuarias de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. Respecto a las empresas, podrán participar en el proyecto las empresas con domicilio fiscal en La Rioja, o que tengan delegaciones en nuestra región.
El Gobierno de la Rioja ha contactado con 56 empresas, ofertándoles 84 posibles candidatos con diferentes perfiles profesionales. En la actualidad, doce empresas se han sumado ya a la iniciativa y se han realizado dos contrataciones.
DOCE EMPRESAS
Las empresas que se han adherido al programa son: Würth, Adlar, Servisar, Limpiezas Hermi, NH Hotel, Limpiezas Espartero, Bodegas Paternina, Bodegas Franco-Españolas, Valoriza Servicios Medioambientales (Limpieza y Servicios), Grupo Riber-Ebro (Champiñonera), Conservas El Cidacos y Grupo Norte.
Las empresas que participen en el programa se comprometen a estudiar la contratación de los perfiles que se les presenten desde la Oficina de Atención a la Víctima.
Tras analizar los perfiles y si consideran que pueden incorporarse a la empresa, en colaboración con el personal de la Oficina de Atención a la Víctima, se elaborará un programa individualizado de inserción socio-laboral, así como la formación prelaboral de las posibles demandas de las empresas.
Además, desde las empresas se facilitará la movilidad geográfica a las víctimas de manera que permita su traslado a otros centros de la empresa, cuando sea necesario para hacer efectivo el derecho de protección y asistencia social integral.
Por su parte, Miguel Albero de Limpiezas Hermi ha destacado que el programa «es perfecto», así como ha destacado que son personas «bien formadas y son muy responsables», mientras que Maria Petit de Grupo Norte ha resaltado que se trata de un tema de «responsabilidad social corporativa», por lo que ha animado a las empresas a que participen en la iniciativa. Ha recordado que el año pasado insertaron a nivel nacional 90 personas.
La Oficina de Atención a la Víctima fue creada por el Gobierno riojano en 1999 y constituye el principal referente en la atención e intervención de las víctimas de cualquier tipo de delito, con especial atención a los casos de violencia doméstica o de género. El objetivo es ofrecer a la víctima un sistema de protección integral que la atienda durante todo el proceso y que una vez finalizado el mismo las víctimas puedan seguir siendo atendidas mediante otros programas de apoyo como el que ahora se crea.
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