RRHH Digital. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha publicado un informe sobre los servicios públicos de alquiler de bicicletas en diez de las principales capitales españolas en el que se destaca que Madrid es la única gran ciudad que no ofrece esta posibilidad a sus ciudadanos y, del resto, Sevilla es la que tiene una mejor proporción de bicicletas por habitante y Córdoba, la que menos.
El informe analiza las condiciones de cada servicio municipal y concluye que los precios oscilan entre la gratuidad y los 30 euros al año, con «importantes diferencias en servicio, horarios y condiciones» en función de las ciudades, donde se han encontrado incluso «posibles cláusulas abusivas».
Así, aunque todas las ciudades que tienen de este servicio disponen de abonos anuales, cae a la mitad la cifra de las que ofrecen abonos semanales y sólo son tres las que permiten contratar un abono diario (Santander, Sevilla y Valencia). Una de las ciudades, Zaragoza, tiene una modalidad de tres días.
Los abonos anuales oscilan entre la gratuidad total de Córdoba y Gijón hasta y los 30 euros al año que pide el Ayuntamiento de Coruña. Los abonos semanales llegan a costar 10 euros. Por este importe, se puede circular sin sobrecoste hasta un máximo de dos horas, en el caso Coruña, Bilbao, Córdoba y Gijón; una hora en San Sebastián y Santander y 30 minutos si se contrata en Sevilla, Valencia o Zaragoza.
En cuanto a disponibilidad, Barcelona es la ciudad española con mayor implantación de este sistema al contemplar un total de 6.000 bicicletas y 420 puestos de recogida o entrega. Sin embargo, Sevilla es la ciudad con mejor proporción de bicicletas por habitante, ya que, con 2.900 cuenta con una por cada 242 habitantes, y Córdoba es la que menos posibilidades ofrece en su servicio al poner a disposición de los ciudadanos 35 bicicletas distribuidas en 4 puestos.
Por otra parte, sólo Santander, Sevilla y Valencia ofrecen un servicio ininterrumpido 24 horas. Además, la mayoría de las ciudades establecen fianzas de 150 euros con los que se responde en caso de no devolver la bicicleta o por sus desperfectos y en lugares como Sevilla o Valencia podrían comenzar a ofrecer, adicionalmente, un seguro de responsabilidad frente a terceros.
En comparación con otros países, los precios son similares y el servicio varía en función de la ciudad. Mientras que por 29 euros al año, París ofrece 20.000 bicicletas y 1.800 puestos, en Bruselas hay que pagar 30 euros por contar con 2.500 bicis y 180 puestos. Al otro lado del Atlántico, Washington D.C. tiene precios algo más caros, 53 euros, disponiendo sólo 1.100 vehículos y 110 puestos.
POSIBLES ABUSOS
La organización alerta de «posibles cláusulas abusivas» detectadas en algunos de los servicios analizados. Para CECU, «no es oportuno que en alguno de los servicios el teléfono para notificar incidencias sea un número 902 y no un número gratuito».
Además, señala que en buena parte de los contratos se hace al usuario responsable total y único de los daños que se puedan causar en la bicicleta, lo que puede plantear complicaciones cuando éstos se han producido estando el vehículo aparcado correctamente, por la dificultad de probar quién ha tenido la responsabilidad.
En esta línea, advierte de que el usuario también es responsable en muchos casos de sus daños y los que pueda producir a terceros en caso de ser culpable de un accidente, por lo que CECU considera «importante» contar con un seguro de responsabilidad que corra con estas posibles incidencias.
CECU ha detectado también que en algunos ayuntamientos se imponen «sanciones que son excesivas en relación a incumplimientos que pueden considerarse de menor entidad», como cobrar la fianza por un uso superior a las 24 horas, medida que no tiene en cuenta el nivel de incumplimiento ya que, conforme recuerda la organización, «no es lo mismo sobrepasar el plazo un minuto que seis horas».
Por todo ello, la organización recomienda que los condicionados de uso del servicio sean sencillos, claros, equitativos y transparentes; que los municipios doten de carriles bici y lugares adecuados para circular, que se establezca un «breve test» previo a la obtención del abono para informar y educar al ciclista sobre las normas básicas y que se ofrezca al usuario un lugar al que acudir para resolver un conflicto o plantear una reclamación.
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