Recursos Humanos Digital. UGT ha exigido al Institut Municipal de Formación, Ocupación y Fomento de Palma (Imfof) la contratación «inmediata» de los 346 parados de larga duración incluidos en el proyecto ‘Feint feina’, después de que este organismo municipal haya anunciado que aplaza su contratación hasta septiembre.
El secretario de Acción Sindical de UGT, Manuel Pelarda, ha señalado que la decisión del Imfof es una «mala noticia» ya que condena a vivir «de la caridad» a 346 familias que no cuentan con ningún tipo de prestación.
«Las políticas hacia los desempleados tienen que ir más allá de tomarse un café en casa de un parado o invitarle a un acto de investidura», ha señalado el dirigente sindical, para precisar que si las entidades colaboradoras o las que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Palma hicieran esta misma política, de condicionar sus trabajos al cobro, la administración municipal «estaría con toda seguridad abocada al cierre».
Pelarda ha recalcado que la persistencia de la crisis ha acentuado el riesgo de exclusión social de las personas desempleadas de larga y muy larga duración.
Situación que, ha puntualizado, afecta «mayoritariamente» a los trabajadores mayores de 45 años que han agotado o están a punto de agotar las prestaciones por desempleo. El problema se agrava cuando estas personas pierden hábitos laborales y competencias profesionales, hechos que dificultan aún más su inserción laboral», ha explicado.
En este sentido, Pelarda ha recordado que para ayudar a este colectivo se aprobó una convocatoria destinada a las administraciones locales con el objetivo de contratar a trabajadoras y trabajadores de larga duración. En concerto, este tipo de subvención consistía en contratar a estas personas por un periodo de seis meses para compaginar acciones formativas con empleo remunerado, de modo que al finalizar su contrato tenían derecho a percibir el paro.
Ante esta situación, Pelarda ha insistido en que el aplazamiento a septiembre de la contratación de 346 personas paradas de larga duración representa una total irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Palma porque «condena al colectivo a no percibir ningún tipo de prestación hasta que no sean contratados».
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