Recursos Humanos Digital. Un total de 19 trabajadores de la empresa ‘Kaufil’ han protestado esta mañana porque «llevan 6 meses sin cobrar» las correspondientes mensualidades de sus prejubilaciones, tras el ERE aprobado en dicha empresa en 2007. Este caso de impago, el primero de estas características en España, se produce porque la empresa belga que aseguraba a ‘Kaufil’, y que debía abonar el dinero, se ha declarado en quiebra.
El portavoz de los prejubilados y ex trabajador de ‘Kaufil’, Ángel Martínez, ha expuesto estos hechos acompañado por los secretarios generales de los sindicatos UGT, CC.OO. y USO, Javier Granda, Koldo González y Javier Martínez, respectivamente.
Además del impago de las mensaualidades de prejubilación, Martínez ha criticado que la aseguradora tampoco ha abonado los «convenios especiales con la Seguridad Social» para el mantenimiento de las bases reguladoras para la jubilación, en el caso de los ex trabajadores mutualistas.
Martínez se ha quejado de que los 19 trabajadores «no tienen ningún tipo de ingreso». En este sentido, ha afirmado que los prejubilados han solicitado las Ayudas Previas a la Jubilación (APJ), las cuales ya les han sido concedidas. Sin embargo, su pago no se ha efectuado porque el 60 por ciento de las mismas debe ser aportado por la empresa responsable, en este caso la aseguradora. El portavoz de los prejubilados ha demandado que se adelante, al menos, el otro 40 por ciento aportado por el Estado «para poder subistir» y «después devolverlo».
Los afectados han demandado en este sentido una «moratoria» del pago de los convenios especiales; la concesión o reactivación de la ayuda-subsidio para mayores de 52 años; o la reicorporación a la empresa.
Ante la «desperada» falta de ingresos de las familias de los trabajadores, uno de ellos ha adelantado un año su jubilación, por lo que ha perdido el 7 por ciento del importe de la misma.
Según ha explicado Martínez, se trata de un caso inédito en España, por lo que «la legislación no refleja» este supuesto. Ha explicado además que han tenido reuniones con la Delegación del Gobierno, la Seguridad Social, el Gobierno regional y el defensor del pueblo, sin haber recibido ninguna solución.
El secretario de CC.OO. ha protestado además porque la Dirección General de Seguros no haya investigado a tan «dudosa» aseguradora, sobre la que nos se aplica la legislación española.
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