RRHH Digital. Unas 200 personas se encuentran imputadas por presuntamente comprar títulos académicos falsificados para acceder a distintos puestos de trabajo o para presentarse a oposiciones. El origen de la investigación fue la detención de un supuesto falsificador de documentos de unos 60 años, afincado en Málaga capital, que firmaba los trabajos.
En el registro de su domicilio, los investigadores hallaron documentación que les permitió seguir las pesquisas. Aquella intervención, que se llevó a cabo en 2008, dio lugar a otra, una operación que acumula ya unos 200 implicados –80 detenidos y el resto, imputados– que presuntamente adquirieron estos títulos falsificados, según informa el diario SUR.
Según las fuentes consultadas por el rotativo, entre los encausados hay numerosos vigilantes de seguridad, que incluyeron diplomas falsos en sus currículum para entrar en las empresas en las que trabajan. Algunos en la actualidad ocupaban puestos de responsabilidad.
También hay funcionarios que aprobaron oposiciones para acceder a empleos en distintas administraciones públicas o en hospitales. Recurrieron a estas falsificaciones para poder acreditar la titulación que se exigiese en cada caso como requisito para presentarse al concurso, de manera que, según la investigación, habrían conseguido la plaza de manera fraudulenta.
También se encuentran otros imputados que opositaron a distintos cuerpos de seguridad. Así, las pesquisas permitieron descubrir a una docena de personas que habían conseguido aprobar las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía o en la Guardia Civil tras presentar titulaciones falsas. Según las fuentes, a la mayoría se les descubrió en el proceso de ingreso, por lo que se les abrió un expediente administrativo para su expulsión del cuerpo.
Además de éstos, hay una treintena de agentes que habían logrado entrar en distintas plantillas de Policía Local de la provincia de Málaga, y que ahora han sido apartados del servicio mientras se tramita su baja definitiva, a la espera siempre de la resolución judicial del caso.
La investigación, a cargo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincia y dirigida por un juzgado de la capital, ha permitido identificar a los clientes del principal encausado. Los agentes del Grupo II de Fraudes, que es el que ha llevado el peso de la investigación, han ido citando a declarar a los que habrían hecho uso del título adquirido y ha interrogado ya en calidad de imputadas a más de 200 personas. La investigación sigue abierta.
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