RRHH Digital. CiU ha presentado un paquete de enmiendas al proyecto de Ley de reforma de las pensiones en las que plantea, entre otras cuestiones, que el periodo de servicio militar cuente como tiempo cotizado a la hora de calcular la edad de jubilación, así como aumentar de 112 a 256 los días reconocidos como cotizados para la futura pensión a aquellos padres que tengan un hijo, con independencia de si la madre trabaja o no.
Con esta propuesta, el período reconocido como cotizado aumentaría hasta los 365 días por cada vástago si se trata de una familia numerosa, y a 540 días por cada hijo, si se trata de una supernumerosa.
Asimismo, CiU propone que se tenga en cuenta a efectos de cotización el servicio militar, los períodos destinados a la investigación y a los estudios de grado superior y universitario, así como al cuidado de familiares con dependencia.
SUBIR PENSIONES PARA VIUDAS
Por otro lado, recupera su propuesta de elevar desde el 52% actual hasta el 70% la base reguladora con la que se fija la pensión de viudedad para las que no tengan otra fuente de ingresos, porcentaje que debería aumentar hasta el 90% si además tiene cargas familiares. Paralelamente, CiU apuesta por que los huérfanos puedan cobrar la pensión de orfandad hasta los 25 años.
Asimismo, la federación catalana pide que los trabajadores autónomos puedan compatibilizar a media jornada su trabajo con la pensión y optar a la jubilación anticipada a los 61 años si se ven obligados a cerrar su empresa y han acabado su prestación de paro.
INCENTIVOS DE HASTA EL 10% PARA JUBILARSE DESPUES
Esta anticipación de la jubilación también la solicita para los trabajadores por cuenta ajena en caso de despido por causas técnicas, organizativas o de producción, además de las causas económicas ya contempladas en el Proyecto de Ley.
Además, CiU quiere incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, elevando los coeficientes de mejora de la pensión que podría supera así en un 10% la prestación máxima.
Por último, aboga por el traspaso de la gestión de las prestaciones familiares a las comunidades autónomas, así como el patrimonio de la Seguridad Social adscrito a actividades sanitarias gestionadas por éstas.
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