RRHH Digital. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha defendido que el plan de lucha contra el empleo sumergido busca la «tolerancia cero» contra la economía sumergida con un «notable endurecimiento» de las sanciones, que se multiplican «por cinco» a partir del 31 de julio, pese a que sólo durante tres meses ofrecerá «facilidades» para estimular la regularización voluntaria de trabajadores.
«Facilidades y no amnistía», ha remarcado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a las críticas del diputado ‘popular’ Miguel Barrachina, quien acusó al ministro de «mentir» acerca de los efectivos con los que cuenta, ya que el número de inspectores de Trabajo habría caído un 5%, por lo que la parte central de ese plan «sencillamente, no existe». «¿Cómo pretende hacer aflorar el empleo sumergido?», ha señalado.
«Son medidas adecuadas para luchar contra el empleo sumergido y conforman un conjunto más amplio y profundo adoptado en esta materia al menos en las últimas dos décadas», ha remarcado Gómez, quien ha defendido que nacen del «consenso» para recuperar cotizantes y contar con más trabajadores en plenitud de derechos y obligaciones.
Asimismo, ha asegurado que los efectivos de la Inspección de Trabajo, «no sólo contando los inspectores», crece un 20%, frente al 15% en que las redujo el PP. «Cuando ustedes estuvieron en una coyuntura mejor para hacer estas medidas no lo hicieron», ha recalcado.
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