RRHH Digital. Facua-Consumidores en Acción tacha de «chantaje» que Ryanair amenace con dejar de operar en España, con la consiguiente supresión de vuelos, rutas y empleos, si no se retiran las multas que distintas administraciones han impuesto a la aerolínea irlandesa.
El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, envió una carta al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el pasado 24 de enero en la que amenaza con «dar marcha atrás en sus planes de crecimiento» sino se revisan las «desproporcionadas y discriminatorias multas» que recaen sobre la compañía y le pide una reunión de urgencia para tratar este asunto, según adelantó ‘Expansión’.
En un comunicado, la organización consideró que este «chantaje» es «consecuencia de la tibieza del Gobierno y las comunidades autónomas ante los continuos fraudes» de la compañía que, siendo la más denunciada, acumula unas multas que solo superan el millón de euros.
Según denunció, Ryanair «lleva años ganando cantidades millonarias mediante prácticas fraudulentas sin que las administraciones competentes le pongan freno», por lo que no le sorprendió que ahora se permita amenazar «con dejar de operar en un país si no se le perdonan las escasas y ridículas multas que se le han impuesto por ello».
En este sentido, lamentó «el ínfimo nivel de control y la tímida respuesta sancionadora sobre las graves irregularidades que viene cometiendo esta compañía».
El 34% de los afectados por abusos o fraudes de las compañías aéreas que se dirigieron a Facua en el último año para solicitar asesoramiento o tramitar una reclamación tenían problemas con la aerolínea irlandesa (sin contar las planteadas durante el paro de los controladores). A ella, le siguieron Vueling, con el 24%, e Iberia, con el 19%.
Facua indicó que Ryanair ha amenazado a la organización con llevarla a los tribunales por animar a los consumidores a denunciarla.
Por su parte, la última denuncia presentada por Facua contra Ryanair fue el pasado mes de abril por imponer una comisión a cada billete a cambio de cumplir la obligación legal de facilitar un transporte alternativo o devolver el importe del billete y ofrecer asistencia a los pasajeros en casos de cancelaciones por causas de fuerza mayor.
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