Recursos Humanos Digital. Las empresas con más de 500 empleados que tengan beneficios pero acometan recortes en su plantilla que afecten a trabajadores mayores de 50 años, deberán compensar al Estado por el coste de las prestaciones de estas personas.

Así lo recoge una enmienda presentada por el PSOE que cuenta con el apoyo del Gobierno ya que, según afirmó el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, es un «viejo proyecto» del Ejecutivo.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la presentación del sindicalista Joaquín Nieto como nuevo director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, Gómez destacó que esta enmienda es una forma «razonable, equitativa y justa» de tratar este tipo de despidos.

El ministro apuntó que los recortes de plantilla que afectan a trabajadores con más de 50 años son especiales, ya que, normalmente, estas personas no buscan «activamente un nuevo empleo».

Por esta razón, considera que es necesario que cuando esta situación se produzca en grandes empresas (más de 500 empleados) que puedan «financiar ese ajuste, lo hagan».

Asimismo, explicó que las empresas que lleven a cabo este tipo de medidas y no tengan pérdidas deberán realizar una aportación al Tesoro Público, cuya cuantía se fijará en función de las prestaciones que correspondan a los trabajadores afectados.

En este sentido, Gómez subrayó que la enmienda no afectará a los derechos de los trabajadores ni a las empresas que estén en pérdidas y que se vean obligadas a ajustar su plantilla. En estos casos, las empresas que deban recortar su plantilla «lo podrán seguir haciendo con la ayuda» del Estado.

ENMIENDA SOCIALISTA

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta enmienda en el proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo.

En concreto, el texto, al que tuvo acceso Servimedia, establece que las empresas afectadas serán aquellas con más de 500 trabajadores que despidan, al menos, a 100 de ellos y que hayan tenido beneficios en los dos últimos ejercicios económicos.

Si los trabajadores de más de 50 años afectados por los despidos no son recolocados en los tres meses siguiente a la extinción del contrato, se calculará una aportación económica de acuerdo con el monto de las prestaciones y subsidios por desempleo que deban recibir.

Estas aportaciones se podrán destinar parcial o totalmente a generar créditos para la financiación de políticas activas de empleo para mayores de 50 años.

La enmienda exige a estas grandes empresas una «aportación» económica que «compense el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo».

A pesar de que reconoce el derecho de las empresas a reorganizar sus plantillas, se sitúa en contra de la «expulsión prematura e injusta del mercado de trabajo de los trabajadores de más edad», que «tienen problemas para volver a incorporarse al empleo».

En su exposición de motivos, los socialistas indican que este tipo de prácticas suponen un «importante coste» para el sistema de protección al desempleo «difícil de asumir socialmente», en especial cuando las empresas que los acomente han «obtenido beneficios».

Por eso, «parece oportuno prever que las grandes empresas que, aun teniendo beneficios, deben realizar despidos colectivos que incluyan trabajadores mayores de 50 años realicen una aportación que compense el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo».

ENMIENDA DE IU-ICV

También IU-ICV ha planteado una enmienda relativa a los despidos en empresas con beneficios, en la que plantea el recorte de los «derechos económicos y sociales de los administradores» de estas sociedades y la compensación económica a los trabajadores afectados de acuerdo con los beneficios que pueda obtener la empresa en los dos ejercicios siguientes al ERE.

ICV ya presentó una proposición no de ley en la que exigía al Gobierno que rechace los ERE que presenten las empresas que tienen ganancias, con referencia expresa a Telefónica, que entre sus planes de futuro anunció la posibilidad de reducir un 20% su plantilla en España. Más genérica fue la proposición que en ese mismo sentido presentó ERC.

BONIFICACIONES PARA EMPRENDEDORES

Además, CiU, PNV y CC plantean en sus enmiendas que los jóvenes menores de 30 años en el caso de los hombres y de 35 en el caso de las mujeres, que emprendan una actividad como autónomos tengan una bonificación del 100% en sus cuotas a la Seguridad Social.

Esta bonificación del total de la cuota se extenderá durante los primeros 12 meses de actividad y se mantendrá al 30% en los 18 siguientes. Hasta ahora, la bonificación era del 30% desde el momento en que abría el negocio.

Asimismo, los grupos nacionalsitas, piden que las comunidades asuman la gestión mayoritaria de los recursos de las políticas activas.

CiU, en concreto, plantea que aquellas comunidades que lo deseen puedan gestionar las prestaciones de desempleo, de forma que el Servicio Estatal de Políticas de Empleo colabore con las autonomías que hayan asumido el traspaso de estas competencias y propone 5.000 euros de subvención en las cuotas a la Seguridad Social para cada contrato nuevo.