RRHH Digital. La secretaría de Empleo de CCOO ha hecho pública una nota tras la aprobación por el Consejo de Ministros de ayer del Reglamento de la Ley de Extranjería.
CCOO participó activamente, en el marco del Diálogo Social tripartito, para lograr un consenso con relación a este Reglamento. En su momento se valoró el Acuerdo alcanzado y, por tanto, su aprobación en el Consejo de Ministros, dado que viene a marcar una continuidad en el diálogo social en materia de extranjería, corresponsabilizando a todos los agentes implicados, y supone la incorporación de numerosas mejoras técnicas y de nuevos mecanismos que hagan más fiable la determinación de la Situación Nacional de Empleo, incluyendo mayor participación e información de los agentes sociales en la gestión de flujos migratorios de carácter laboral.
La importancia del diálogo social en extranjería ha quedado reforzada en un momento muy delicado, con un contexto de crisis económica y fuerte desempleo y con la aparición de discursos demagógicos y xenófobos respecto a la inmigración: el hecho de que el Gobierno, la patronal y los sindicatos hayan acordado de manera consensuada abordar la inmigración de una manera normalizada, constructiva y en positivo ha de traducirse en un mensaje nítido a la sociedad española.
Las políticas de extranjería se han distinguido por actuar básicamente en dos direcciones: un enfoque eminentemente policial con lo que conlleva de blindaje de fronteras, etc., y un segundo enfoque, que son las denominadas políticas de gestión de flujos migratorios centradas en el mercado de trabajo y la situación nacional de empleo, así como la adecuación de mecanismos eficaces de llegada de trabajadores y trabajadoras extranjeros, entre otros.
Con la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, por parte del Consejo de Ministros, se ratifica el carácter eminentemente laboral de la cuestión migratoria en y para España.
Este Reglamento se caracteriza por:
– mayor seguridad jurídica
– mayor simplificación administrativa
– mayor simplificación institucional en lo relativo al reparto de competencias entre las diferentes administraciones
– introducción de mejoras técnicas
– enfoque global para adaptarse al nuevo contexto legal y sociolaboral
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