Recursos Humanos Digital. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las prejubilaciones fraudulentas detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha desestimado una petición de la Fiscalía para que dos peritos del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social «auxilien» a esta instancia en el análisis de la documentación. Entre otros argumentos, la juez esgrime que le resulta «cuanto menos sorprendente» que la Inspección de Trabajo «no hiciera la menor reseña o reparo» al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, pues el procedimiento respondía a las mismas «causas» que el ERE de 2003, tras el cual fue contratado «prácticamente el mismo número de trabajadores» prejubilados.
Como es sabido, Alaya, ha imputado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R.M. y Antonio Garrido Santoyo, en el marco de la línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 desde esta compañía participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa.
Y es que Carmen Fontela González figuraba como aspirante a la prejubilación en el ERE de 2003 pese a no haber formado parte jamás de la plantilla, mientras Garrido Santoyo, exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén), fue prejubilado en el procedimiento emprendido en 2007 por Mercasevilla pese a que tampoco había trabajado jamás en el mercado central de abastos hispalense.
Estas diligencias habían sido acumuladas a la investigación general de la «trama» de las prejubilaciones fraudulentas, uno de los aspectos indagados a cuenta del uso de los 647.869.157,45 euros librados por la Junta para subvencionar procesos de reestructuración de empresas en crisis mediante un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con el antiguo IFA que la Policía Judicial cree irregular. No obstante, en un auto fechado el 11 de marzo, la juez resolvía la confección de piezas separadas en función de las empresas beneficiarias de estas ayudas.
NUEVO AUTO
A tal efecto, en un auto fechado el 30 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, Mercedes Alaya desestima una petición de la Fiscalía para que dos peritos del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social «auxilien» a esta instancia judicial en el análisis de la documentación relativa a los expedientes de regulación de empleo investigados en la causa. Para tomar tal decisión, la juez alega que «la inclusión de los falsos trabajadores se produce, en su mayor parte, no en la fase de tramitación de los ERE, sino en el momento en que se prepara la tramitación de las pólizas de rentas colectivas», una vez que los procedimientos en cuestión «han sido aprobados por la Autoridad Laboral». «La experiencia y la capacitación profesional de los inspectores de trabajo, ajenos a los seguros concertados para las prejubilaciones, no tiene interés para el análisis de la documentación», entiende la juez.
Pero además, Mercedes Alaya aprovecha este auto para esclarecer «otra razón más para rechazar el apoyo jurisdiccional de la Inspección de Trabajo, al menos en el momento presente». En este punto, la juez señala expresamente el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, porque «en relación» con el ERE promovido en 2003 por la lonja hispalense, ambos procedimientos fueron «solicitados por causas económicas y organizativas por una sobredimensión de la plantilla y ambos con planes de prejubilación financiados, en su mayor parte, por la Junta de Andalucía». Para Alaya, es «cuanto menos sorprendente, que la Inspección de Trabajo, obligada a comprobar las causas –de los procedimientos–, no hiciera la menor reseña o reparo acerca de que la empresa hubiese, entre uno y otro ERE, hubiese contratado prácticamente al mismo número de trabajadores» prejubilados en 2003.
CUESTIÓN DE «ILICITUD»
En un auto emitido el 20 de enero de 2010 y recogido por Europa Press, Alaya ya señalaba la supuesta «ilicitud» del ERE de 2007 al haber sido autorizado «por las mismas causas de sobredimensión de la plantilla, económicas y organizativas» que en el caso del expediente de regulación de empleo de 2003, tras el cual fueron contratados «el mismo número de trabajadores fijos que resultaron afectados» por dicho procedimiento de reestructuración laboral.
Frente a esta tesis, el comité de empresa de Mercasevilla esgrime, de su lado, un documento sellado por el Sercla el 20 de diciembre de 2004 y recogido por Europa Press, pues en dicho texto figura como compromiso adoptado por Fernando Mellet, entonces director general de la compañía, el «mantenimiento de la configuración actual de la plantilla, que está fijada en 189 trabajadores». Mercasevilla, según destaca el comité de empresa, tenía así en 2004 un «mandato de no reducir plantilla, una obligación de mantener estos puestos de trabajo» pese a que se consumasen por aquellas fechas las prejubilaciones del primer expediente de regulación de empleo.
EL «COMPROMISO» DEL ALCALDE
El «mandato» habría sido tal, que el comité de empresa expone un segundo documento fechado el 22 de diciembre de 2004 y firmado por el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), porque en dicho texto, el primer edil reconoce como «compromiso adquirido» el arbitraje de «mecanismos de aportación y obtención de recursos financieros que garanticen la viabilidad de la empresa o mediante transferencias o ampliaciones de capital», en un supuesto de «déficit que menoscabe los derechos de los trabajadores en algún ejercicio económico de Mercasevilla». En el mismo documento, figura como el mantenimiento del «sistema de servicio público» del mercado central de abastos como otro de los compromisos adquiridos por Sánchez Monteseirín.
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