RRHH Digital. El Pleno del Congreso debatitrá este jueves las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de adaptación a la normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Concretamente, el PP ha presentado un texto alternativo para reformar 22 leyes vigentes y favorecer la concesión de más ayudas y derechos para este colectivo, frente a las 11 que plantea el texto del Gobierno.
Según explica la ponente en el debate del PSOE, Paqui Medina, este proyecto trata de dar un «nuevo impulso» para alcanzar el objetivo de adecuación de la regulación en materia de discapacidad a las directrices marcadas por la Convención de la ONU.
Para ello, el proyecto de ley plantea el cambio de más de diez leyes, como por ejemplo la Ley de Igualdad de oportunidades o en materia de Sanidad diversas normativas, de modo que se regula el derecho a la información en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.
Además, se determinan protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las personas con discapacidad y en el ámbito de la cooperación internacional se incluye la discapacidad de un modo expreso y diferenciado, entre otros cambios.
DEFINICIÓN LEGAL DE PERSONA CON DISCAPACIDAD
Medina destaca que las modificaciones más importantes afectarán a la definición legal de «persona con discapacidad» y a materias relativas también al empleo o la cooperación internacional, entre otras; todas ellas, según puntualiza, respaldadas por el Consejo Nacional de la Discapacidad, organismo que representa tanto al colectivo de personas con discapacidad como a sus familias.
«Se trata de un paso más para asegurar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas con discapacidad y un giro sustancial en el enfoque por parte de los poderes públicos en esta materia», ha añadido.
EL PP QUIERE CAMBIAR HASTA 22 LEYES
Por su parte, la enmienda a la totalidad del PP contiene un texto alternativo al proyecto de Ley que ha presentado el Gobierno, para adaptar la normativa española a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que quiere otorgar de rango de ley al Observatorio de la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Educación; en el ámbito sanitario, pretende que se regule el derecho a la información en formatos adecuados, que resulten accesibles.
El diputado encargado de defender esta alternativa será el ‘popular’ Francisco Vañó, quien considera en declaraciones a Europa Press que el trabajo del Ejecutivo se ha quedado «un poco corto», dado que desde 2006 debe adaptarse toda la legislación nacional a la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad y no se modifican todas las leyes que «podrían llegar a abarcarse» en este proyecto de ley.
«Toca algunos de los artículos y leyes a modificar, pero no todas. Entonces en nuestro texto se añaden modificaciones, y además reivindicaciones del sector de la discapacidad, de tal forma que en la propuesta del Gobierno se modifican 11 leyes y nosotros proponemos hasta 22 –describe Vañó–. Ya que abrimos el melón hay que comérselo entero».
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS, RESPONSABILIDAD DE TODOS
En la accesibilidad a viviendas, apunta que las personas con discapacidad son las que, por lo general, tienen que soportar la mayor parte del coste de las obras de accesibilidad en una comunidad de propietarios, cuando se supera el límite de las tres mensualidades por cuotas, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal.
Además quiere que se reforme el Código Civil, para otorgar a cualquier ciudadano la facultad jurídica de elegir tutor para el caso en el que quedara incapacitado, así como establecer órganos de fiscalización de tutela y designar a las personas que lo integran, u ordenar cualquier otra disposición sobre la personas o bienes de tutelado.
Para una mayor integración laboral de las personas con discapacidad, el Partido Popular plantea elevar hasta un 7 por ciento las ofertas de empleo público, fomentando el trabajo estable de dicho colectivo en las administraciones públicas.
A efectos de un mejor cumplimiento de este aspecto cree que el Ejecutivo deberá remitir a las Cortes un proyecto de ley de Promoción de Inclusión Laboral de las personas con discapacidad, consensuado con las organizaciones representativas de la discapacidad y los interlocutores sociales.
MÁS BARRERAS DE MOVILIDAD
Además, destaca que en la actualidad subsisten muchas barreras a la movilidad en los medios de transporte público, por lo que el colectivo de discapacitados está obligado a utilizar su propio vehículo en sus desplazamientos. «Es, pues, de justicia eximir de peaje a estas personas en las autopistas», ha puntualizado.
En cuanto al porcentaje de viviendas de protección oficial, Vañó considera que, con los datos poblacionales actuales, el porcentaje mínimo actual del 3 por ciento debe aumentarse al 6 por ciento para atender de «forma efectiva» la actual demanda de este tipo de viviendas.
Por último, también se establece en una disposición adicional primera que el Gobierno, en el plazo de un año, apruebe un proyecto de ley de adaptación normativa al ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al reconocimiento de que el colectivo tenga una capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida.
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