RRHH Digital. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de constitucionalidad sobre el Real Decreto Ley 8/2010 por el que se adoptaron medidas de reducción del déficit público y se redujo el sueldo de los funcionarios un 5%, según un auto hecho público por CC.OO.
De esta forma, el TC acumula ya siete cuestiones similares elevadas por los distintos juzgados que han avalado las peticiones presentadas por la representación sindical de CC.OO. en diferentes entidades públicas, entre las que se encuentran el personal laboral de la Junta de Andalucía o los trabajadores de la Real Fábrica de Moneda y Timbre.
Este auto, el primero que se adopta en vía contenciosa, ya que los anteriores correspondían a la jurisdicción social, cuestiona la existencia de presupuesto habilitante para dictar decretos-leyes, al no concurrir en su aprobación el requisito de extraordinaria y urgente necesidad.
De admitirse este planteamiento por el TC, éste no tendría que valorar el resto de cuestiones planteadas, quedando viciado de inconstitucionalidad el texto completo. En consecuencia, no solo se restablecerían los derechos retributivos de los empleados públicos, sino el conjunto de los derechos sociales y disposiciones regulados.
Por otra parte, el auto amplía los motivos de inconstitucionalidad por entender que se pueden haber vulnerado disposiciones constitucionales que, hasta la fecha, no habían apreciado otras instancias judiciales.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. reclamó al Gobierno la urgente restitución de los derechos del empleo público, consolidados en el Acuerdo Administración-Sindicatos 2010-2012, así como la urgente resolución judicial de las demandas planeadas.
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