25 de noviembre de 2024
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Trabajo quiere evaluar la eficacia de la renta activa de inserción antes de que acabe el año

Trabajo quiere evaluar la eficacia de la renta activa de inserción antes de que acabe el año

RRHH Digital. El Gobierno quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por el que se prorrogaron el pasado 15 de febrero las ayudas de 426 euros a parados que hubieran agotado la prestación y el subsidio para establecer un plan para «evaluar» antes de que acabe 2011 la «efectividad» de renta activa de inserción y «adoptar las decisiones que procedan».

Asimismo, quiere el aval de la Cámara Baja para constituir un registro de prestaciones sociales asistenciales de todas las comunidades y ayuntamientos, como es el caso de los salarios sociales o las rentas mínimas de inserción gestionadas por comunidades y ayuntamientos para mejorar la coordinación entre ellas.

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados debatirá entre este martes y el jueves la norma derivada del decreto ley convalidado por el Pleno de la Cámara Baja el pasado 9 de septiembre y que regula un sistema que ha sido reemplazado desde hace mes y medio por las nuevas prestaciones de 400 euros, vinculadas a la formación.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz socialista de Trabajo, Jesús Membrado, ha explicado que el conocido como ‘plan de choque’ ya recoge todos los cambios que el Gobierno quería hacer al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), por lo que sus enmiendas buscan «rellenar algunas lagunas» pendientes. 

Por este motivo, el PSOE plantea sustituir el artículo único que regulaba la última tanda de ayudas de seis meses del programa de ayudas de 426 euros para limitarse a exigir al Ministerio de Trabajo un «control eficaz» del cobro de las prestaciones pendientes y que se fueron pidiendo hasta el 15 de febrero. 

SEIS MESES DE RETRASO PARA UN PROYECTO URGENTE

Entre ellas ha destacado la de la falta de un «registro fiable» sobre los planes y actuaciones puestos en marcha por comunidades autónomas y ayuntamientos que permita «valorar» los resultados obtenidos y «mejorar» el grado de coordinación entre administraciones.

Pese a que el proyecto de ley sobre el PRODI se tramitó por el procedimiento de urgencia, ha ido pasando el tiempo el plazo de enmiendas se ha venido prorrogando hasta en treinta ocasiones, acumulando un retraso de seis meses y quedando completamente desfasado.

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